Defiende Mónica Soto que continúe elección judicial

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, afirmó que no se ha violentado la Constitución con la decisión de enviar a los aspirantes inscritos al Comité del Poder Judicial a insaculación, sino que esto ha permitido avanzar con la elección judicial.

En conferencia de prensa, —con los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes—, señaló que la Suprema Corte también determinó no atraer la calificación de las candidaturas, aunque pudo haberlo hecho, por lo que continuará el proceso como determinó el Tribunal Electoral.

Subrayó que han rechazado la intromisión de jueces de distrito, los cuales no tienen competencia ni jurisdicción en materia electoral, motivo por el que también interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

“La reforma judicial ya fue, no la detuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso, una controversia constitucional se emitió que es la excepción establecida en el artículo 105 de la Constitución en donde la Suprema Corte puede pronunciarse y definió que el amparo no procedía en lo electoral y que era un tema absolutamente electoral”, expuso.

Recordó que el comité evaluador del Poder Judicial no reanudó los trabajos de selección, se ordenó al Senado realizar el sorteo de las candidaturas, aunque aclaró que no va a evaluar estos perfiles.

“Consideramos que era la respuesta que más le favorecía a las personas que habían confiado en inscribirse por parte del Poder Judicial”, sostuvo.

En tanto, el magistrado Felipe de la Mata aseguró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sólo ha reestablecido el estado de Derecho para permitir la continuidad del proceso electoral, quitando las “piedritas en el camino”.

No se entorpece la elección, creo que está pasando lo contrario. Estamos quitando las piedritas en el camino.

El magistrado Felipe Fuentes explicó que la determinación de dejar al Senado la insaculación de las candidaturas, es porque la ley establece que lo contemplado en la reforma debe resolverlo el órgano legislativo.