"Poza Rica, Veracruz. * AMEX. Fraude multimillonario a Petróleos Mexicanos (Pemex) y un atentado contra el ambiente selvático en los límites de Puebla y Veracruz es el resultado de una serie de trabajos mal realizados por la empresa de servicios ambientales Qmax, contratista de la paraestatal.
De acuerdo con la información publicada en compranet.com, página oficial de contratos de empresas paraestatales, Qmax México SA de CV, ganó la licitación número 18575051-066-07, consistente en ""trabajos integrales de fluidos de control, separación de sólidos y manejo de residuos para ser utilizados en pozos petroleros de los activos integrales Veracruz y Poza Rica - Altamira de la región norte"" de Pemex, por un total de 893 millones 308 mil 13.49 pesos.
Este contrato consiste en la disposición de residuos de líquidos contaminados resultados de la perforación de pozos y extracción de petróleo. Ya sea mediante destrucción térmica, tratamiento o, en su defecto, confinación de los deshechos, considerados peligrosos por ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e/o inflamables.
Dada la peligrosidad de estas sustancias, generalmente mezcladas en lodos, para cualquiera que sea su destino final, es necesario darles tratamientos especiales, que consisten en la estabilización de los compuestos por medios físicos, como la solidificación o el encapsulado; o químicos, como oxidación, hidrólisis o neutralización; así como la recuperación de sustancias o una biorremediación cuando es necesario.
Para ello, estas sustancias deben ser primeramente identificadas en un laboratorio fisicoquímico de hidrocarburos, para conocer los efectos que podrían tener sus residuos al entrar en contacto con el ambiente, animales, plantas, suelo, mantos freáticos, aire y otros.
En la ejecución de todo este proceso son necesarios equipos especiales que cuenten con certificaciones de calidad y normas oficiales, desde la recolección y el transporte hasta el destino final.
A Qmax le fueron otorgados estos contratos aún cuando no cuenta con el equipo ni la tecnología necesaria para desarrollar el proceso, para lo cual utilizó, presuntamente, documentación falsa. Todo esto bajo la protección del Gerente de perforación y mantenimiento de pozos de la Región Norte, Martín Terrazas Romero, y del Residente de Contratos de la misma división, Julio César López.
Dada la incapacidad de Qmax para cumplir con la licitación, subcontrató a la empresa Alaro, de los hermanos Alanís Rodríguez, especializada en el transporte de abarrotes, para trasladar y confinar estos residuos. Sin embargo ninguno de estas operaciones se está se está ejecutando de manera adecuada.
Para estos trabajos Alaro adaptó pipas que eran utilizadas para alimentos colocándoles instrumentación y senalamientos de acuerdo a las normas oficiales para el transporte de residuos peligrosos. También improvisó un tirador a cielo abierto en un predio ubicado en los límites de los estados de Puebla y Veracruz, a un kilómetro de Rancho Aladro a un costado de la carretera federal México - Tuxpan, donde sin supervisión alguna está depositando estos fluidos altamente contaminantes y cancerígenos.
Este botadero consta de una oquedad en la ladera de un cerro en la que las pipas vierten los lodos contaminados para que estos sean absorbidos por la tierra. Está ubicado a menos de 100 metros del río Cazones, lo que ocasiona que los escurrimientos por suelo y subsuelo lleguen directamente a este afluente, unos kilómetros antes de la bocatoma de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de esta ciudad. Esta contaminación afecta las aguas de riego de cinco municipios en Veracruz y uno en Puebla
De acuerdo con la normatividad ecológica, la empresa encargada de disponer los deshechos debe contar con manifiestos de las cantidades de materiales extraídos en las áreas de trabajo de la paraestatal y del destino final de éstos, así como las guías correspondientes a los caminos a seguir de los vehículos encargados del transporte, todos sellados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y por la empresa que realiza cada trabajo.
Sin embargo, dadas las condiciones en las que se encuentra este confinamiento espontáneo, se supone que estos manifiestos no existen o, en su defecto, se están falsificando.
Esta empresa es especialista en el transporte de alimentos, por lo tanto no cuenta con la experiencia ni el equipo adecuados para estas labores. La subcontratación fue posible ya que fue Qmax quien amarró este último negocio y no Pemex.
Dado el carácter público de todos los trabajos licitados por la paraestatal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) son auditables.
Ante los hechos, esta casa editorial exige a la Unidad Regional de Contraloría Interna de Pemex Exploración y Producción Región Norte, a cargo de María del Carmen Rodríguez Zúniga, una revisión contractual hacia Qmax.
Asimismo, denuncia estos hechos y solicita una investigación, por parte de los delegados de la Profepa en Puebla, Pedro Rubén Rodríguez López, y en Veracruz, Francisco Luis Briseno Cortés, y de Semarnat Carlos Albicker Albicker y Manuel Molina Martínez, respectivamente, contra quien o quienes resulten responsables de este fraude millonario en agravio de la nación y este atentado ecológico en contra de los estados de Puebla y Veracruz.
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