Tras décadas de búsqueda, este domingo fue abatido un importante líder del narcotráfico por las Fuerzas Federales en Tapalpa, Jalisco. Su captura ocupa los titulares, pero el significado de este hecho debería ir más allá del personaje para preguntar ¿qué se ha aprendido cómo sociedad frente a fenómenos que una y otra vez reaparecen bajo distintos nombres?
Durante años, en México se fue instalando una especie de pedagogía social en la que el narcotraficante ocupó el centro de muchos relatos. Ahí, la violencia se contó e incluso se justificó a través de historias biográficas contadas desde la música, el cine o la televisión.
Luego la industria contribuyó inventando símbolos sociales, comerciales e incluso culturales al grado de condensar la verdadera complejidad del crimen organizado.
Romper esta pedagogía es una tarea urgente y muy importante, pues la grandeza de una nación no se construye narrando una y otra vez la vida de los criminales, sino fortaleciendo las condiciones que impiden que surjan.
Por ello, la pregunta central tras un operativo de esta magnitud no es si se logró un objetivo, sino qué transformaciones seguirán para evitar que el vacío sea llenado nuevamente.
La labor del Estado no debe limitarse al uso legítimo de la fuerza. Requiere inteligencia financiera para desmantelar redes económicas, fortalecimiento de las policías locales, acceso sin barreras a sistemas de justicia eficientes, inversión pública que fortalezca economías locales y políticas sociales que reduzcan la dependencia de las personas más desfavorecidas a ingresos ilícitos.
México ha demostrado que puede actuar con contundencia cuando es necesario. Ahora toca convertir estos momentos en procesos duraderos de reconstrucción territorial y fortalecimiento institucional.
Hechos como el acontecido el domingo, no deberían de alimentar la memoria de un personaje, sino abrir una reflexión colectiva sobre las condiciones que no se debe repetir.
La seguridad que la sociedad demanda no consiste en episodios excepcionales de fuerza, sino en largos periodos de normalidad, en los que la ley sea la única referencia de autoridad, la economía legal sea suficiente para sostener la vida comunitaria y en donde ninguna región vuelva a quedar atrapada entre el abandono y la criminalidad.
