A pesar de estar conscientes de que todos los ciudadanos en general, servidores públicos o no, están sujetos a las disposiciones legales relativas a los delitos electorales, miembros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación han incurrido en un largo listado de graves acciones que se sancionan con pena privativa de la libertad.
Son delitos electorales federales aquellas conductas que especifica y sanciona el Código Penal Federal, que lesionan la función electoral federal y específicamente el voto en cualquiera de sus características.
Entre otros muchos ilícitos se menciona concretamente, apoderarse, destruir o alterar boletas, documentos, o materiales electorales, o impedir de cualquier forma su traslado o entrega a los órganos competentes.
Sin embargo, es el caso que desde hace unos días los ciudadanos han sido testigos de una serie de desmanes que fueron perpetrados a la vista de todos. Ante esto, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales informó del inicio de las investigaciones previas por la quema de papelería electoral en Oaxaca, Guerrero, Puebla y Chiapas.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República, las investigaciones por delitos electorales se inician de oficio, y en este caso se dirigen contra quien resulte responsable.
Son delitos electorales que se persiguen sin necesidad de una denuncia, las acciones de apoderarse, destruir, alterar, vender o suministrar de manera ilegal en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales
El pasado lunes, en Oaxaca integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación atacaron las instalaciones de la Junta Distrital número 7 del Instituto Nacional Electoral, con sede en Juchitán. Las instalaciones fueron objeto de vandalismo y quienes las agredieron se apoderaron la papelería que sería utilizada en la jornada electoral del domingo 7 de junio, a la que le prendieron fuego.
Además, integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, robaron equipo de cómputo, mobiliario de oficina y quemaron expedientes en las oficinas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, así como alrededor de 11 mil boletas electorales.
La Delegación del Instituto Nacional Electoral señaló que los hechos en que han incurrido los profesores son delitos graves, de carácter federal y ameritan cárcel. En este escenario de desmanes que sin duda traerán consecuencias para los hoy delinquen a los ojos de todos, otros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron una docena de gasolineras de Tuxtla Gutiérrez, en donde regalaron el combustible a los conductores de automóviles que así coparticiparon del delito, mientras que otro grupo quemaba papelería electoral.
Con anterioridad ha habido más hechos registrados en oficinas gremiales o de los gobiernos locales y federal en diversos estados del país, como Oaxaca y otros, incluso en centros educativos. En algunos casos se ha ejercitado acción penal contra presuntos responsables. Se ha sabido de condenas y de sentenciados, sin embargo las sanciones que se aplicarán sin duda después de estos actos no resarce el daño que se le inflige a la educación y a la economía con estos desplantes.
