Demandan a Ayuntamiento de San Pablo Villa de Mitla

Los recursos correspondían al ejercicio fiscal de 2013, detalló la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Cortesía
Los recursos correspondían al ejercicio fiscal de 2013, detalló la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Cortesía

La Secretaría de Economía del Gobierno Federal demandó por la vía civil al Ayuntamiento de San Pablo Villa de Mitla, así como al Gobierno de Oaxaca, para que respondan por el destino de un millón 463 mil pesos, provenientes de recursos federales del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME), a través del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca).

La demanda civil en contra de este municipio de la región de los Valles Centrales de Oaxaca, se interpuso el 23 de noviembre de 2020 y fue admitida un día después en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, con el número de expediente 254/2020.

De acuerdo con el expediente, dichos recursos correspondían al ejercicio fiscal de 2013, periodo en el que gobernó el municipio Alejandro Galo Bustamante (PAN).

Según las reglas de operación del Fondo PYME y el convenio de coordinación entre las distintas autoridades, su aplicación tenía como objetivo “fomentar la creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad en las empresas del sector abasto”.

En particular, según la Secretaría de Economía, el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto tiene como objetivo general “promover el desarrollo de la logística y abasto en el sector agroalimentario, a través del otorgamiento de apoyos a proyectos productivos”, para con ello favorecer la generación de empleos y la atracción de inversión.

Pese a ello, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval) señaló que el programa no cuenta con un diagnóstico que permita identificar de una manera precisa y puntual el problema de política pública que intenta resolver y que la definición de la población potencial “no incluye el problema o necesidad de las empresas del sector agroalimentario que justifica la intervención del gobierno”.