El titular de la Unidad Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó que ya presentó tres denuncias contra la extitular de Desarrollo Social, Rosario Robles y quien fuera su oficial mayor, Emilio Zebadúa, por el desvío de recursos públicos a empresas fantasma conocida como la “Estafa Maestra”.
“Hemos ya presentado tres denuncias contra Rosario Robles y Zebadúa por el desvío de recursos públicos a empresas fantasma y es uno de los temas que también se están planteando, la necesidad de mejorar el sistema para atacar las empresas fantasma que ha sido el mecanismo de desvío de recursos en la pasada administración”, explicó el funcionario federal.
En entrevista al acudir a una reunión con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Santiago Nieto reveló que en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador ha habido 130 acuerdos de bloqueo de cuentas y se han presentado 117 denuncias ante la Fiscalía General de la República y se han dado 61 vistas a distintas autoridades administrativas.
Agregó que este bloqueo de 130 cuentas bancarias, asciende a un congelamiento de cinco mil millones de pesos y 50 millones de dólares por delitos como corrupción, narcotráfico y distintas modalidades de “lavado” de dinero y explicó que esta cifra es histórica y supera a lo bloqueado en la pasada administración.
“En lo que va de la presente administración se han congelado más de cinco mil millones de pesos en cuentas de personas físicas y morales, relacionadas o vinculadas con algún tema de corrupción, narcotráfico o cualquier modalidad de ‘lavado’ de dinero, a esto hay que sumarle casi 50 millones de dólares”, detalló.
Informó que acudió a la Cámara de Diputados a solicitar más herramientas para que los recursos incautados no solo permanezcan en los bancos, sino se puedan utilizar para programas sociales u otro tipo de inversión.
“Corresponden a 130 acuerdos de bloqueo de los cuales se han derivado, hasta este momento 117 denuncias ante la fiscalía General de la República y 61 vistas a distintas autoridades administrativas, los montos son de 5 mil millones y en este momento el dinero permanece en los bancos y lo que se busca con la reforma es que el dinero pueda ser utilizado por el Estado Mexicano para programas sociales o para cualquier otro tipo de decisión”, describió.
Detalló que existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala que si la investigación es de sede nacional y no internacional, los jueces de Distrito pueden dictar suspensiones provisionales, y liberar las cuentas.
“Nosotros pensamos que con la reforma que se ha propuesto y que se aprobó por la Cámara de Senadores, ahora en diputados, debemos librar la inconstitucionalidad señalada por la Corte y con eso fortalecer nuestro sistema financiero y evitar que este tipo de recursos no sigan utilizándose en el marco del estado de derecho”, finalizó.
