El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, una de las principales apuestas del Gobierno Federal en materia social, enfrenta una serie de denuncias por supuestas irregularidades en esta ciudad zapoteca del Istmo de Tehuantepec, que incluyen a más de un centenar de presuntas “empresas fantasma” donde están registrados beneficiarios, pero que en realidad no existen; casi 900 becarios que sólo reciben la mitad del apoyo y más de 400 jóvenes que aparecen dados de alta pero no tienen acceso a la beca, pues líderes de organizaciones las cobran por ellos.
Estas supuestas irregularidades en el programa se refieren al periodo 2020-2021, y fueron dadas a conocer por el propio Gobierno Municipal de Juchitán, mismo que es encabezado por Morena, mediante una petición directa del propio edil Emilio Montero Pérez, quien en la primera semana de febrero solicitó que las secretarías federales del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Bienestar, respectivamente, auditen la operación del programa, ante denuncias de jóvenes que solamente recibían la mitad del apoyo mensual.
De acuerdo con información recabada por Jesús Alexis Bautista Pérez, director municipal de la Juventud del Gobierno de Juchitán, en esta ciudad zapoteca se han detectado 114 “empresas fantasmas” cuyos representantes se inscribieron en el padrón de la Secretaría del Trabajo, para ofrecer la enseñanza a los jóvenes aprendices, pero en realidad no existen.
“Hemos documentado que los representantes de esas supuestas empresas, como talleres de soldadura, de carpintería, bordados y otras artesanías, dieron de alta a casi 900 jóvenes que solamente recibieron mensualmente la mitad del apoyo federal que asciende a la cantidad de cuatro mil 310 pesos. La mitad restante fue a parar al bolsillo del dueño de la empresa fantasma”, denuncia.
Según el presidente municipal, Emilio Montero Pérez, también se recibieron denuncias sobre becarios que sí existen y están dados de alta con la documentación, pero que no tienen acceso a los apoyos, pues algunos líderes cobran por ellos. Se estima que son más de 400. “Esos jóvenes fueron defraudados por dirigentes políticos”, acusa.
Ante esta serie de denuncias, los días 1, 2 y 3 de marzo, auditores de ambas dependencias acudirán a Juchitán para verificar la aplicación correcta del programa.
