Denuncian daños en el Golfo de México

Más de 15 millones de personas que habitan los estados costeros merecen un modelo de desarrollo que proteja los ecosistemas marinos. Cortesía
Más de 15 millones de personas que habitan los estados costeros merecen un modelo de desarrollo que proteja los ecosistemas marinos. Cortesía

Más de 40 colectivos comunitarios, cooperativas pesqueras y organizaciones ambientales de Yucatán, Campeche, Veracruz y Tabasco denunciaron que, pese a los reportes presentados ante el Gobierno Federal, las afectaciones en el Golfo de México asociadas a la actividad petrolera persisten sin atención efectiva en el territorio.

En un comunicado, aseguraron que los impactos se repiten de manera cotidiana y dañan tanto a los ecosistemas costeros como a la salud y a la economía de las comunidades que dependen del mar.

Asimismo, advirtieron que el problema tiene una dimensión regional y no puede entenderse como hechos aislados, ya que en las cuatro entidades mencionadas se registran daños similares en pesquerías, manglares, playas y especies marinas protegidas.

Las comunidades recordaron que desde octubre hicieron un llamado público a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la titular de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, para proteger de manera integral el golfo de México. El pronunciamiento se realizó previo a la COP-30 y buscó advertir que los conflictos ambientales en la región continúan sin resolverse.

Pero, tras el arribo de chapopote registrado el pasado 16 de diciembre en playas de Alvarado, Veracruz, el reclamo se intensificó pues ese día las manchas de hidrocarburo alcanzaron zonas de trabajo pesquero y áreas costeras utilizadas de manera cotidiana por las comunidades locales, episodio que les confirmó que la contaminación sigue ocurriendo sin medidas preventivas eficaces ni respuestas inmediatas en territorio.

Piden frenar extracción

Así, las organizaciones volvieron a exigir al Gobierno Federal frenar la extracción de hidrocarburos en aguas profundas y someras, obligar a las empresas responsables a reparar los daños y garantizar que las comunidades participen de forma directa en el diseño de las estrategias de protección ambiental.