Las organizaciones Disability Rights International y el Movimiento de Personas con Discapacidad advirtieron que está en juego la vida, la salud y el bienestar de las personas con discapacidad recluidas en instituciones psiquiátricas como los hospitales Fray Bernardino Álvarez, Juan N. Navarro y Samuel Ramírez Moreno.
“Es inaceptable que las personas con discapacidad psicosocial ingresadas en los hospitales psiquiátricos públicos de la Ciudad de México, así como el personal que trabaja en ellos, carezcan de necesidades tan básicas como el acceso a la alimentación”, indicaron.
A través de un comunicado, las organizaciones señalaron que ambos son instituciones públicas federales que dependen directamente de la Secretaría de Salud (SSA) y de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama).
Detallaron que, desde el 10 de junio, el personal médico y sanitario de estos hospitales ha denunciado públicamente, a través de las redes sociales, movilizaciones y otros canales, la falta de alimentos tanto para las personas con discapacidad internadas como para los propios trabajadores.
Mencionaron que el secretario de Salud, David Kershenobich, ha atribuido esta situación a la falta de pago a la empresa externa encargada del servicio de comedor.
“Hasta la fecha, no ha habido confirmación oficial de que se haya restablecido el servicio de comidas. Esta escasez debida a la falta de pago demuestra que el gobierno federal se ha convertido en el actor directo que, por acción u omisión, somete a esta población a condiciones que constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes, privándoles de las necesidades más básicas, como la alimentación”, sostuvieron.
