La amenaza de deportaciones de personas indocumentadas en Estados Unidos (EE.UU.) se va a concretar, aunque no se sabe si total o parcialmente, porque Donald Trump ganó la elección presidencial, en parte, con ese discurso agresivo e insistente, y algo tiene que hacer para demostrarle a los electores que votaron por él que les cumplirá, aseguró Raúl Guillermo Benítez Manaut.

“La relación bilateral será difícil y problemática si Estados Unidos pretende sacar de su territorio, además de mexicanos, a hondureños, salvadoreños, nigerianos, haitianos o venezolanos. El impacto para sitios como Ciudad Juárez o Tijuana será considerable; el Gobierno de México tendrá que discutirlo y de alguna manera negociar”, dijo.

Conflictos

Desde su óptica, los principales temas conflictivos entre México y EE.UU., serán: migración, comercio, así como combate a las organizaciones criminales y al tráfico de drogas. Se sumarán otros, como el ambiental.

Precisó que las deportaciones masivas le podrían costar al vecino país del norte 80 mil millones de dólares (mmdd) en total, más de lo que los mexicanos mandan a nuestro México por concepto de remesas, que es de aproximadamente 60 mmdd cada año. Y en caso de una deportación masiva de connacionales, podría bajar significativamente ese monto, a 40 mm o 30 mm.

El académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de la UNAM, señaló que en la Unión Americana se debate el uso del Ejército para implementar el plan de deportaciones masivas, luego de estudios cuantitativos.

No son suficientes los operativos

El número de policías locales que tienen los condados, sobre todo los ubicados cerca de la línea fronteriza y ciudades importantes como Phoenix, Tucson, San Antonio, El Paso, San Diego o Calexico, no es suficiente para poner en marcha operativos de captura; lo mismo sucede con las policías estatales. Y a nivel federal, el US Immigration and Customs Enforcement tampoco tiene funcionarios suficientes.

El académico universitario explicó que por ello se habla de usar al Ejército para esa tarea, lo cual sería legal si el próximo mandatario estadounidense emite una Orden Ejecutiva, aunque ello iría en contra de la costumbre de no emplear a los militares para ningún tipo de situación de seguridad interna.