El camino hacia el reconocimiento de la libertad de expresión ha sido largo y tortuoso. El primer país en que tuvieron lugar manifestaciones claras al respecto fue Inglaterra, a partir de la célebre Carta Magna de 1215; y, más adelante en el tiempo, la Petición de Derechos (1628) y la Declaración de Derechos (1628).
Tuvieron que transcurrir más de tres siglos para que gradualmente se comenzara a hacer efectiva la libertad de expresión en distintos países de mundo.
Actualmente, la libertad de expresión es uno de los derechos humanos que más se hacen valer, derivado, entre otros muchos factores, de la diversificación en las formas de transmitir mensajes, principalmente a través de las redes sociales.
Todo parece indicar que desde los tiempos de la Areopagítica a los que corren, el péndulo ha oscilado hacia el lado diametralmente opuesto al de la censura, al grado de conferirse a la libertad de expresión el carácter de derecho casi absoluto, sin que nadie se haya detenido a considerar que su ejercicio indiscriminado puede derivar en la violación de muchos otros derechos como es el caso de la intimidad, el honor y la reputación.
La libertad de expresión no puede ni debe considerarse un derecho absoluto, sino limitado por el contenido de lo que se expresa y, por lo mismo, resulta absurdo apelar a un “derecho al insulto”.
Parece que el correcto uso de la libertad de expresión debe pasar por un doble tamiz: allegarse de toda la información que permita el mayor acercamiento a la verdad de los hechos; y, en segundo lugar, hacer valer lo que se piensa, pero con la objetividad que deriva de una obligada reflexión y procurando evitar las ofensas personales.
La libertad de expresión es realmente útil y benéfica al menos para tres cosas. En primer lugar, puede ser la mejor ruta para el conocimiento. En segundo lugar, es muy útil para propiciar que los servidores públicos, políticos y otros actores se mantengan sujetos al escrutinio público; y, en tercer lugar, es una fuente importante de empoderamiento del ciudadano frente al poder político.
Todas estas ventajas y otras más hacen de la libertad de expresión un valor fundamental para el adecuado desarrollo de la vida en comunidad; sin embargo, si no se ejerce con las debidas medidas de prudencia y una adecuada ponderación, puede ocasionar daños muchas veces irreversibles en perjuicio de los demás y, en consecuencia, de una sana convivencia social.