A la crisis sanitaria, social y económica por la que atraviesa el país, se suma la creciente ola de violencia e inseguridad que se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional. Desde la violencia que se alberga en el propio hogar para miles de mujeres y niños; la que acecha a los ciudadanos que retornan a las calles y, ahora, la del crimen organizado, que hace blanco de sus ataques a jueces y a funcionarios públicos que con auténtico compromiso, a riesgo de su propia vida e integridad física y la de sus familias, encabezan a las instituciones de seguridad pública.
El reciente atentado contra Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, es una afrenta al Estado y a la sociedad. Su beligerancia desmedida y ostensible, no sólo cimbró a la sociedad, además cobró la vida de dos elementos de seguridad y de una mujer que transitaba por la zona.
No se trata de un evento fortuito, sino de una acción concertada, dirigida precisamente contra quien tiene encomendada la seguridad pública en la CDMX. Un funcionario talentoso, preparado, de probada capacidad y trayectoria en instancias de seguridad pública, con auténtica vocación de servicio. En la Ciudad ha transitado por la Jefatura General de la Policía de Investigación; Coordinador de Inteligencia del Gabinete de Gobierno y Seguridad y, en octubre pasado, fue designado como Secretario de Seguridad Ciudadana.
Este atentado, así como el homicidio del Juez de Distrito Uriel Villegas Ortiz en Colima, envuelven una connotación especial, por el contexto en el que acontecen, pues detrás las personas contra quienes fueron perpetrados, está la institución a la que representan y el esfuerzo institucional por combatir y sancionar la criminalidad.
Por ello, la respuesta debe ser contundente y firme; rápida y sin titubeos, para sancionar a los responsables y evitar que se repitan. Nadie puede —ni debe— atentar contra las instituciones públicas sin recibir sanción alguna. El Estado somos todos, atentar contra él es atentar contra el pueblo.
Es necesario poner en marcha todo el andamiaje institucional, en una estrategia coordinada que involucre a los tres Poderes del Estado, cada uno en la esfera de su competencia y en los tres órdenes de gobierno. La acción conjunta de las instancias de procuración e impartición de justicia, debe dar respuesta eficaz a la crisis de inseguridad que genera la escalada del crimen organizado que hoy, en medio de la pandemia, lejos de dar tregua, atenta contra quienes representan a las instituciones del Estado, en un intento por amagarlas y someterlas a intereses ajenos al bienestar público.
Actuar dentro del marco constitucional, en donde no tienen cabida impunidad ni corrupción. Tampoco el falso dilema que privilegie los derechos humanos de los imputados, sobre el bienestar de la ciudadanía, la estabilidad del Estado y sus instituciones. No. Simplemente aplicar la ley a quien ha transgredido los valores fundamentales que tutela nuestra Carta Magna, sin demérito de las garantías que la misma otorga.
Y de ser el caso, la revisión y necesaria modificación de protocolos de actuación en las instancias de procuración de justicia, de criterios judiciales y de las leyes aplicables, en aras de articular un sistema de seguridad pública eficaz y un sistema de impartición de justicia que ponga coto a la impunidad y a la corrupción.
La seguridad pública no solo es una obligación del Estado en su conjunto, sino una condicionante de toda sociedad democrática. Sin seguridad, se fractura el tejido social, se pone en juego la efectividad de los derechos y, a fin de cuentas, la gobernabilidad y la estabilidad social.
Hoy la sociedad mexicana llora por las víctimas de la pandemia, por la pérdida de sus fuentes de trabajo y, en medio de la incertidumbre de su futuro inmediato, clama por seguridad. Ahí debemos estar, incólumes, las instituciones del Estado.