Dos alcaldes emanados del Partido Movimiento Ciudadano enfrentan un posible juicio de procedencia (desafuero) tras ser acusados por la Fiscalía General del Estado de Veracruz de diversos delitos.
Se trata del alcalde de Ixuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, a quien las autoridades ministeriales vinculan con la privación ilegal de la libertad y asesinato de la reportera Roxana Ramírez; y del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo, a quien se señala de la desaparición forzada de un empresario y su chofer.
Caso Roxana Ramírez
Las comisiones permanentes unidas de Gobernación, y de Justicia y Puntos Constitucionales, dictaminaron que hay elementos suficientes para poder retirar el fuero a los alcaldes, por lo que el expediente fue turnado a la Comisión Instructora.
Los diputados integrantes de dicha comisión citaron a los alcaldes el próximo 28 de julio para que declaren lo que mejor les convenga; a partir de dicha comparecencia, la Comisión Instructora determinará si hay elementos suficientes para someter al pleno del Congreso la solicitud de desafuero.
El expediente de la Fiscalía General del Estado, entregado al Congreso del Estado, señala al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, de ser el presunto autor intelectual de la privación de la libertad y asesinato de la comunicadora Roxana Ramírez.
El organismo autónomo aseguró contar con un testigo que afirmó que el edil pidió comunicación con un jefe de plaza delincuencial de la zona para que plagiaran a la comunicadora porque supuestamente tenía en su poder una fotografía en la que aparece con un arma de fuego.
Por el caso de la reportera, cuatro elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste fueron detenidos y están bajo juicio por su presunta participación en el caso que conmocionó al estado.
En tanto, al alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo, la Fiscalía lo señala de la desaparición forzada del empresario minero, Héctor Ramos Sánchez, y de su chofer Ignacio López, un hecho ocurrido en mayo pasado.
De acuerdo con la indagatoria, el munícipe presuntamente citó en su domicilio al hombre de negocios, a quien –según testigos– le presentaría a un jefe de plaza delincuencial, y desde entonces no volvieron a ser vistas las víctimas.
