La eliminación de organismos autónomos propuesta por el Ejecutivo federal pone en riesgo la imparcialidad en la regulación y la certidumbre jurídica de las inversiones en el país, advirtieron especialistas.
También se pueden afectar los avances para garantizar la competencia y en materia de reducción de la pobreza, alertaron, por lo que es necesario un debate profundo para mejorar su funcionamiento, sin que desaparezcan.
En entrevista, Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), destacó que hay una falta de responsabilidad en la visión de destruir y no de construir con base en la institucionalidad del país.
La iniciativa presentada hace una semana por el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (INAI), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
El objetivo de su integración a dependencias federales afines sería principalmente por considerarlos ineficientes, ahorrar recursos y evitar duplicidades, de acuerdo con lo expuesto por la Presidencia. Sin embargo, los expertos coinciden en que esos argumentos no se sustentan en un diagnóstico riguroso.
Juez y parte
En el caso de la CRE y la CNH, el principal riesgo es que la concentración de la toma de decisiones perjudica la imparcialidad para regular temas complejos en materia de energía, fundamentales para la inversión, advirtió Campos.
En el caso de la Cofece y el IFT, no sólo son importantes por su actividad regulatoria, sino porque garantizan la libre competencia, que es fundamental para el crecimiento económico, comentó Campos.
Además, podría haber una violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en términos del cumplimento de las obligaciones de las partes, que tienen la exigencia de órganos y autoridades tanto de competencia como de telecomunicaciones, agregó.
En el caso del INAI, el riesgo es que se debilite una estructura consolidada en materia de transparencia, pues tiene la tarea de gestionar el sistema, garantizando a través de ella que la ciudadanía pueda hacer las solicitudes de información que se requieran, explicó Campos.
A su vez, el Coneval es relevante considerando el gran presupuesto que se destina a programas sociales, por lo que se requiere una institución especializada que evalúe su impacto, además de que da seguimiento a un fenómeno tan importante como la pobreza.
Eliminar el Coneval es una forma de decir que al gobierno no le gusta cómo se analiza lo que hace en cuanto a desarrollo social. “Si no existiera, no nos enteraríamos de los avances y limitaciones de la atención a la pobreza sistémica», comentó Tenorio.