Luego que el Comité contra la Desaparición Forzada solicitó a Naciones Unidas que considere medidas para apoyar al Gobierno de México para erradicar este delito, el Gobierno Federal expresó su rechazo, a la par que asociaciones civiles y colectivos de búsqueda respaldaron dicha petición.
De acuerdo con el derecho internacional, señaló que la desaparición en México podría constituir un crimen de lesa humanidad no porque se produzcan a escala nacional o sean orquestados en el gobierno. “Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, afirmó el presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro.
El comité citó como muestra de la gravedad de la situación el continuo hallazgo de fosas comunes clandestinas en el país, con más de 6 mil 200 cadáveres y 76 mil restos humanos, en su mayoría no identificados.
La discusión, la cual conforma el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en el pleno busca considerar medidas de apoyo alusivas a la prevención, investigación, castigo y erradicación de dicho crimen.
Ante la petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el gobierno mexicano, a través de las Secretaría de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), expresó su rechazo debido a que omite avances contra desapariciones forzadas desde 2018.
De acuerdo con el comunicado conjunto, dicho documento alude de forma principal a acontecimientos ocurridos en las administraciones de Felipe Calderón (2006-2012) y Peña Nieto (2012-2018), y no considera las acciones presentadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa mañanera del pasado 27 de marzo.
Cita el reconocimiento del Comité contra la Desaparición Forzada acerca de que en el país no existe alguna política para ejecutar estos delitos “generalizados y sistemáticos”. “El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, declaró.
Al rechazo de ambas dependencias, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Enrique Ochoa Martínez, criticó la “falta de rigor” del Comité contra la Desaparición Forzada.
A través de redes sociales, comentó que el CED “está excediendo su mandato al presentar un informe con falta de rigor jurídico, ampliando indebidamente el alcance de la definición de desaparición forzada”.
CNDH y CDHCM difieren sobre informe de la ONU
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) chocaron al fijar posturas distintas frente a la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU sobre la situación de personas no localizadas en México.
Por un lado, la CNDH descalificó el reporte del organismo de la ONU porque “se basa en posturas sesgadas de organizaciones no gubernamentales”; en tanto que la comisión capitalina dijo que se trata de una oportunidad para crear un diálogo constructivo y participativo.
El organismo sostuvo que el comité concluyó de forma preliminar que existen indicios “fundados” de desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática, lo que ameritaría llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU, pero afirmó que esta determinación se apoyó principalmente en peticiones de organizaciones civiles.
