El Congreso de Baja California Sur desechó el procedimiento de desafuero contra una diputada, Alondra Torres García (PT) y otro funcionario, Ariel Castro Cárdenas, solicitado por la Fiscalía Estatal Anticorrupción, por su presunta vinculación con un millonario daño al erario.
Por la noche del jueves, en una sesión privada y con voto secreto, los diputados desecharon el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia que consideraba había elementos para iniciar con el juicio de procedencia (desafuero), sin que abundaran sobre las razonas para desecharlo.
Hasta el mediodía del viernes, la mesa directiva, encabezada por la diputada Arlene Moreno Maciel (PT) ni la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia ha accedido a comunicar oficialmente al respecto; no obstante, la dirección de Comunicación Social confirmó que la sesión se realizó entrada la noche y se realizó la votación.
Fuentes legislativas confirmaron que la votación fue: 9 diputados en contra del dictamen, 7 a favor y una abstención. Cuatro diputados no se habrían presentado a la sesión.
El dictamen, firmado por el diputado Eduardo Van Wormer, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia; Sergio Guluarte Ceseña, secretario, y Fernando Hoyos Aguilar, secretario, señalaba que había elementos para avanzar con la solicitud del juicio de procedencia -que presentó el fiscal anticorrupción, Lenin Emiliano Ortiz.
El documento que se sometió a votación secreta señalaba que se debía conformar la comisión instructora para el análisis del caso y la resolución, y posterior votación; sin embargo, por mayoría de votos, fue rechazado.
La diputada panista, Guadalupe Saldaña Cisneros, declaró a este medio que la convocatoria a sesión secreta así se realizó y por mayoría acordaron que se emitiera el sentido de su voto en cédula secreta, procedimiento con el cual dijo, no estuvo de acuerdo ni lo votó a favor.
