La descarbonización y los criterios ambientales comienzan a ocupar un espacio mayor en la evaluación de las operaciones portuarias en México, en momentos en que las empresas del sector enfrentan mayores exigencias para medir y reportar su desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo, informó Hutchison Ports, inversor y desarrollador mundial con una red de operaciones portuarias.
La empresa con sede en Hong Kong destacó dichas mediciones especialmente con las tres terminales operadas en el país, dos en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y una en Veracruz, las cuales alcanzaron este año el nivel más alto dentro del sistema con el que el grupo mide la incorporación de estas prácticas en sus unidades de negocio.
El resultado corresponde al Sustainability Baseline Assessment 2025, una evaluación interna de Hutchison Ports que revisa cinco áreas: gobernanza, medio ambiente, personas, negocio y reconocimiento.
Las terminales LCT, especializada en contenedores; LCMT, múltiple de varios segmentos de carga, ambas en Lázaro Cárdenas, e Icave, en Veracruz, pasaron del segundo al tercer nivel de la metodología denominada “Innovator”.
A diferencia de una certificación ambiental otorgada por una entidad independiente, la evaluación es desarrollada por el propio grupo empresarial y se utiliza para comparar el grado de avance de sus operaciones en distintos países.
“El ascenso de las tres operaciones mexicanas muestra también cómo indicadores que anteriormente tenían un peso principalmente corporativo se han incorporado a la administración cotidiana de terminales portuarias”, señaló.
Metas
Aunque esas metas se concentran principalmente en el transporte marítimo, las terminales forman parte de una cadena logística en la que también han aumentado las exigencias de medición de emisiones, eficiencia energética y descarbonización, afirmó la Hutchison Ports.
En el caso de esta firma, el Sustainability Baseline Assessment funciona como una herramienta interna para dar seguimiento a esos criterios. La compañía establece tres grados de madurez y exige a sus unidades presentar información que respalde las prácticas reportadas.
