Las 804 máquinas tragamonedas decomisadas por las autoridades federal y estatal, fueron destruidas, las cuales generaban 9.8 millones de pesos mensuales.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) exhortó a los presidentes municipales michoacanos a impedir la instalación de estos aparatos y, con ello, cerrarle el paso a una actividad que, bajo la apariencia de entretenimiento, alienta al crimen en distintas regiones del país.
Advirtió que estos dispositivos no solo violan la ley, sino que se imponen a comerciantes, mediante amenazas y extorsión, convirtiendo negocios cotidianos en puntos de riesgo para las comunidades.
Razón por la cual pidió a alcaldes y corporaciones municipales sumarse de manera activa a los decomisos y a la aplicación del Estado de derecho.
Dijo que cada moneda introducida en estas máquinas termina financiando a la delincuencia organizada, por lo que su erradicación representa un golpe directo a las estructuras criminales.
Asimismo, alertó que estos aparatos continúan apareciendo en farmacias, tiendas de abarrotes y comercios comunes, espacios que posteriormente se vinculan con delitos de alto impacto, por lo que cerrar estas fuentes de financiamiento a criminales será esencial para recuperar la tranquilidad en las comunidades.
