Desde el año 2022 se detectaron graves irregularidades administrativas y financieras por casi 250 millones de pesos en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) –una casa de estudios híbrida con participación del Gobierno Estatal y de una asociación civil–, sin que se haya actuado contra los presuntos responsables.
De acuerdo con documentos oficiales, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) reportó el daño patrimonial a la casa de estudios, cuyo rector en ese momento era Ome Tochtli Méndez Ramírez, esposo de la actual magistrada y presidenta del Órgano de Administración Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alma Rosa Flores Ceballos.
Durante el descubrimiento del desfalco se desempeñaba como secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, así como subsecretario de Educación, Jorge Miguel Uscanga Villalba; y como fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadans, quien renunció al cargo en diciembre pasado.
A pesar de ello, fue hasta finales de diciembre pasado cuando fueron detenidos el exrector de la UPAV, Sergio “N”; el exdirector administrativo, Víctor “N”, y la exjefa del Departamento de Servicios Financieros, Frida “N”, quienes llegaron al cargo en diciembre del 2024.
Estela de desfalcos
Las irregularidades en la casa de estudios fueron encontradas en las auditorías llevadas a cabo por el órgano auditor en las cuentas públicas del 2019 y 2020, ello durante el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez.
De acuerdo con el Oficio OFS/AG_ST/18492/09/2022, en septiembre de 2022 el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz reportó al Congreso del Estado la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por un daño patrimonial de 241 millones 971 mil 897 pesos en la UPAV; se abrió la carpeta de investigación FGE/FECCEV/456/2020.
Tras los hechos de corrupción, el Gobierno y el Congreso del Estado determinaron convertir a la UPAV en un organismo público descentralizado; en tanto, la Fiscalía General del Estado reveló que existen más involucrados que podrían ser aprehendidos.
Diversos actores políticos han pedido a las autoridades extender las investigaciones a exdirectivos y exfuncionarios del gobierno de Cuitláhuac
