Luego de que la noche del domingo un juez en Chihuahua determinó que el exfiscal César Jáuregui Moreno llevara su proceso por ejercicio indebido del servicio público en libertad, fue detenido apenas unas horas de haber sido liberado, pero ahora por la Fiscalía General de la República (FGR).
Héctor Villasana, abogado de Jáuregui, explicó que como se le ejecutó una orden de aprehensión por una jueza en el Estado de México, el exfiscal tiene que ser puesto a disposición de esa juez, por lo cual fue trasladado a la Ciudad de México.
Según se dijo, será hoy martes cuando se lleve la audiencia inicial de los delitos que le inculpa la FGR, entre ellos traición a la patria.
Afirmó que Jáuregui va tranquilo y fuerte a enfrentar estos hechos ahora en la Ciudad de México, ya que agentes federales ejecutaron la orden de aprehensión en su contra al salir de los juzgados federales.
Testimonios
En Chihuahua, durante el domingo, la Fiscalía y el Ministerio Público leyeron al menos 45 testimonios de testigos, el juez rechazó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva por el delito del que se le acusa, y que se derivó después del hallazgo del narcolaboratorio en El Pinal en el mes de abril de este año.
Según se determinó, Jáuregui Moreno deberá como medida cautelar entregar sus documentos migratorios y también se deberá abstener de acercarse a quienes están involucrados en la investigación.
Traicio´n a la patria
César Jáuregui es acusado formalmente por la FGR del delito de traición a la patria, previsto en el artículo 123, fracción I del Código Penal Federal.
“Al mexicano que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”, señala dicho artículo.
De acuerdo con la jueza Mariana Vieyra, las conductas en las que incurrió Jáuregui Moreno, suficientes para el libramiento de la orden de captura, fue llevar a cabo reuniones en las propias instalaciones de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, en Chihuahua, con un grupo de cuatro ciudadanos estadounidenses, identificados posteriormente en las indagatorias como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA); coordinar, permitir y facilitar que los cuatro agentes extranjeros intervinieran en campo y con armamento en el operativo desplegado entre el 16 y el 19 de abril de 2026 en el ejido El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, para desmantelar un mega-narcolaboratorio; y omitir informar de manera deliberada y por escrito al Gobierno Federal sobre la presencia, despliegue y posterior fallecimiento de los oficiales extranjeros, “vulnerando de manera directa los canales constitucionales de política exterior y seguridad nacional”.
La jueza detalló que todo lo anterior “se ejecutó en coautoría material con el entonces fiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo”.
