El destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido tras dar golpe de Estado, reportó medio El Comercio.
Horas después de dar un golpe de Estado, el ahora vacado presidente salió de Palacio de Gobierno y se trasladó a la sede de la prefectura, en la avenida España, donde fue detenido.
De acuerdo con el medio peruano, casi en paralelo, la Fiscalía de la Nación anunciaba medidas en su contra.
Previamente, imágenes de Canal N mostraron al exmandatario y miembros de su familia, incluida su esposa Lilia Paredes, abandonando Palacio de Gobierno.
Castillo, Paredes, sus hijos y su cuñada Yeniffer Paredes fueron captados retirando sus pertenencias en bolsas. En esta acción, el expresidente estuvo acompañado por el asesor de la PCM y ex jefe del Gabinete de Ministros, Aníbal Torres.
Perú paga costo de elegir a un novato e inexperto
Perú rompió este miércoles una tradición de más de 21 años de democracia y pagó el costo institucional de elegir como presidente a Pedro Castillo: maestro, sindicalista magisterial, novato, inexperto, con escasas habilidades de político y rondero o vigilante campesino.
Con las apuestas divididas sobre el futuro de Castillo de apenas en las próximas horas y ni siquiera en los días venideros, Perú también está pagando una onerosa factura de caos institucional que se acumuló en el siglo XXI por las cuestionadas actuaciones de corrupción y desprestigio de sus fuerzas políticas tradicionales.
En un golpe de Estado todavía con desenlace incierto, Castillo anunció este miércoles la disolución temporal del Congreso de Perú para restablecer la democracia, instalar un “gobierno de excepción” que se regirá por decretos y someter a revisión el aparato judicial y otras instancias estatales.
Castillo adoptó la ronda de medidas a solo horas de que el Poder Legislativo se dispusiera a iniciar este miércoles mismo en la tarde el debate de una propuesta para declarar su destitución o vacancia por denuncias de que cometió actos corruptos.
En un mensaje al país, Castillo informó que decidió “convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”.
El Tribunal Constitucional de Perú desconoció por completo las órdenes emitidas por Castillo y lo acusó de ser un gobierno usurpador. Varios ministros de Castillo ya dimitieron en desacuerdo con el todavía gobernante.
En un panorama sacudido por la tensión en las calles peruanas mientras el Congreso se dispone a definir si aprueba la vacancia de Castillo, cuya presidencia, que se inició el 28 de julio de 2021, estuvo marcada por la profunda inestabilidad política.
