El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa que adiciona una fracción VIII al artículo 15 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, a fin de que los servicios de asesoría jurídica se presten preferentemente a los migrantes víctimas o testigos de delitos graves cometidos en territorio nacional.
A través de la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, el PRD impulsa esta reforma turnada a la Comisión de Justicia para análisis y dictamen, la cual expone que el organismo Human Rights Watch citó que entre enero y septiembre de 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 599 quejas de abusos contra migrantes.
La diputada menciona en su iniciativa que quienes atraviesan el territorio frecuentemente son víctimas de abusos y violaciones a sus derechos, en algunos casos con la anuencia de autoridades gubernamentales.
Por lo tanto, todo servidor público que trate con personas migrantes debe de asegurarse que tengan acceso a la justicia, que estén debidamente informadas sobre sus derechos a la asistencia legal y consular, defensa pública, a un traductor o intérprete.
