Este jueves tras casi ocho horas de debate, el pleno de la Cámara de Diputados avaló, en lo general y en lo particular, la Reforma Laboral y la envió al Senado de la República.
La votación en lo general fue de 417 diputados a favor; 29 en contra y un voto en contra, para sumar 447 legisladores presentes a las 16:30.
Unas horas después, a las 21:00 horas, el pleno votó en lo particular los artículos reservados, sin embargo, aquí solamente estuvieron 343 legisladores. 258 votaron a favor, 18 se abstuvieron y 67 en contra, es decir, se adelantaron las vacaciones por la Semana Santa 104 diputados de distintas bancadas. En lo particular se modificaron siete artículos del dictamen que son el 110, 143 K, 343 E, 395, 686, 848 y 927.
La bancada de Movimiento Ciudadano votó en su totalidad en abstención, así como la perredista, Abril Alcalá y los diputados sin partido, Ana Lucía Riojas y Carlos Morales.
Este dictamen contiene la eliminación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, transformar el sistema de justicia laboral; democratizar los sindicatos, los contratos colectivos y la elección de sus líderes.
Además el pasado 2 de abril, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, advirtió que el Congreso estadounidense no aprobará el último acuerdo comercial con México y Canadá, hasta que nuestro país apruebe una reforma laboral.
El documento contiene que en sustitución de las Juntas de Conciliación se crearán tribunales en el seno del Poder Judicial de la Federación y se le dará vida al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) que administrará y estará a cargo de la conciliación para la solución de controversias entre trabajadores y patrones, entre trabajadores y sindicatos o entre sindicatos, así como registrar a nivel nacional los contratos colectivos, convenios de administración de contratos-ley, reglamentos interiores de trabajo y registro de organizaciones sindicales.
Se modifica también los requisitos que deberán cumplir los estatutos de los sindicatos a efecto de salvaguardar la democracia de la elección de sus directivas, de las dirigencias sindicales, que deberán llevarse a cabo por primera vez a partir de una obligación legal, mediante un voto directo, personal, libre y secreto.
Igualmente se establecen requisitos esenciales, como la definición de la convocatoria y su publicidad y que haya un padrón confiable, para garantizar la protección de la libertad de negociación colectiva.
