La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, aseguró que desconoce la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza en contra de 31 científicos y ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología imputados por delincuencia organizada, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y peculado.
“No sé de qué me hablas, yo no vine a apoyar el primer gobierno de la cuarta transformación, a acusar absolutamente a nadie”, comentó a su arribo a la inauguración del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-I.
Al preguntarle si tiene conocimiento de los delitos de los que se les están imputando, expuso que no, pues “nosotros no somos entidades que estamos ni capacitadas, ni con atribución, ni tenemos la responsabilidad”.
Por lo anterior, investigadores y académicos consideraron que el Gobierno de la Cuarta Transformación se ha distinguido por un ataque, persecución y ajuste de cuentas en contra de los integrantes de esa comunidad que han sido críticos de las decisiones políticas de la actual administración, por lo que están criminalizándolos como ocurrió con la intención de la FGR por detener a 31 integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Acusación suma más 80 años de prisión
Los delitos por los que la FGR quiere aprehender a 31 científicos y académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) suman penas máximas de hasta 81 años de prisión que pudieran ser impuestas en caso de ser declarados culpables.
La FGR insistirá en llevar nuevamente el caso ante la justicia federal para llamar a juicio a los académicos.
Según la acusación con la que la FGR intentó en agosto pasado conseguir las órdenes de captura, estos delitos suman penas máximas de hasta 81 años de prisión.
Sin embargo, de los 31 ex funcionarios en los casos de Enrique Cabrero y Julia Tagüeña, ex director general de Conacyt y ex coordinadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, la FGR señala que en el delito de delincuencia organizada a ellos se les aplicaría un agravante que incrementaría sus penas hasta por 20 años, es decir, rebasarían los 100 años en penas máximas.
Paredes respalda a comunidad científica
Por su parte, la senadora priista Beatriz Paredes Rangel exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) actuar con estricto apego a derecho, prudencia y objetividad en el caso de 31 integrantes de la comunidad científica, algunos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a los que acusa de la comisión de diversos delitos, entre ellos, “lavado” de dinero y delincuencia organizada.
En tribuna, la expresidenta del PRI expresó su respeto y solidaridad con la comunidad científica y afirmó que desnaturalizar la aplicación de la ley, lesiona la credibilidad del sistema jurídico.