Francisca llegó en 2002 a la cúspide de una continuada y múltiple agresión social en Chile: ser mujer, ser madre soltera, ser abandonada por el padre de su único hijo, ser jefa de hogar, ser pobre, ser campesina, ser indefensa y ser esterilizada sin su consentimiento, bajo anestesia, por ser portadora del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
Chilena, ahora de 40 años y con un hijo de 20, Francisca logró casi lo impensable para una persona de sus condiciones. Chile accedió finalmente en agosto de 2021 a ofrecerle disculpas públicas por lo que “es” —mujer, madre orgullosa, lideresa casera, humilde, valiente y empoderada— tras un encadenamiento de ataques físicos, mentales, socioeconómicos.
“Debe quedar claro que yo no fui la única y que todavía enfrentamos discriminación en el sistema de salud”, denunció Francisca al recibir en mayo de 2022 la solicitud de excusas del presidente de Chile, Gabriel Boric, en un Acuerdo de Solución Amistosa entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado chileno.
“Recibo las disculpas que me ofrece el Estado como un compromiso conmigo y con todas las personas que pasaron por una historia parecida debido a que vivimos con VIH. (…) Me da alegría saber que mi caso pueda servir para acabar con los estereotipos sobre las personas que vivimos con VIH y para que mejore la atención en salud a otras mujeres”, agregó.
Francisca arrastra una historia ejemplar en América Latina y el Caribe en el entorno del recuerdo de hoy, Día Mundial del Sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). Chile admitió su culpa por violar los derechos humanos de Francisca en 2002, cuando personal chileno de salud le arrebató su capacidad de gestar, y por no garantizarle derechos de integridad personal, justicia, protección de honra y dignidad, libertad de pensamiento y expresión, protección a la familia, igualdad ante la ley y a estar libre de violencia de género.