El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) informó que al menos 11 muertos y 79 heridos dejó la represión a las marchas pacíficas en apoyo a las Madres de Abril, y responsabilizó de ello directamente al presidente Daniel Ortega.
El CENIDH condenó en términos enérgicos los actos de represión y violencia ocurridos la víspera, sumándose a la condena que este jueves emitió la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), la cual advirtió que no reanudará el diálogo con el gobierno tras los ataques contra civiles en las movilizaciones.
Las marchas de respaldo a las madres que exigen justicia por el asesinato de sus hijos estudiantes desde el pasado 18 de abril, se desarrollaba de manera pacífica, a distancia de la contramarcha convocada por el oficialismo, “que sin una acción dirigida no podían coincidir”, indicó el CENIDH.
Aseguró que quedó claramente demostrado que los agresores llegaron desde otro lugar contra los manifestantes pacíficos cuando la marcha ya casi concluía.
Precisó que los actos represivos dejaron seis muertos y 47 heridos en Managua; cuatro decesos y 32 lesionados en la localidad de Estelí, y un fallecido por una bala en el pecho en la ciudad de Masaya, y enfatizó que la situación en el país se ha agravado con patrullajes intensos, tiroteos esporádicos y francotiradores.
“Responsabilizamos de estos nuevos asesinatos al jefe supremo de la Policía Nacional, Daniel Ortega Saavedra”, puntualizó.
Explicó que hace dos días Ortega pidió “en tono amenazante” al presidente de la Asamblea Nacional y líder del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), Gustavo Porras, que llamara a todos los miembros de sus sindicatos, federaciones y confederaciones “a defender con toda la fuerza al presidente constitucional”.
La CENIDH dijo que la tarde del miércoles cumplieron de “manera cobarde la amenaza de represión y muerte, en un claro empeño de medir fuerzas con el pueblo de Nicaragua representado por las Madres de Abril”.
Los obispos de la CEN también condenaron los ataques de grupos afines al gobierno de Ortega contra civiles en la movilización, y advirtieron que “no se puede reanudar el diálogo nacional mientras al pueblo se le siga negando el derecho a manifestarse libremente y continúe siendo reprimido y asesinado”.
