Preocupante la descomposición en materia de seguridad a lo largo de todo el país, principalmente en lo que toca a los cárteles de la droga que a fuerza de billetazos van sumando a las juventudes y a la población más modesta a sus intereses ilegítimos de negocio y destrucción.
El narcotráfico y sus negocios paralelos siempre han existido, pero cederles el control de más del 33% del territorio nacional es absolutamente inaceptable. Permitir que pongan y quiten autoridades y gobiernos solo nos puede llevar por el camino equivocado.
Tolerar el crecimiento de organizaciones criminales como el CJNG y el Cártel de Sinaloa, no puede ser el camino. Debe ponerse un alto ya por quien ostenta el uso legítimo de la fuerza pública y tiene el mandato constitucional de poner orden.
Quien delinque, quien roba, quien secuestra, quien trafica con drogas, quien cobra piso, quien huachicolea y quien se enfrenta con violencia al estado de derecho, al poder legítimo del Estado debe ser combatido y sometido sin tregua, so pena de que se termine en el caos y la anarquía.
Entendiendo el legítimo derecho de un Gobierno de izquierda como el de la 4T a traer al frente de la política pública a la conciencia social y poner primero a los pobres; la forma de hacerlo definitivamente no es vulnerando el Estado de derecho y convirtiendo a los delincuentes en víctimas y a las fuerzas armadas en sus paleros.
Ser un delincuente no es una obligación por más pobre que se nazca, siempre hay alternativas que son seleccionadas, día a día, por muchos más mexicanos en condición de extrema necesidad, principalmente por las mujeres, para trabajar, superarse y salir adelante.
Consecuentar bandidos no es el camino y pedirle a las fuerzas de seguridad que no hagan nada y acepten estoicos ser maltratados y correteados por todo el país por pandillas de masas desordenadas o lo que es peor organizadas en delincuencia, es traicionar a la gran mayoría del pueblo que opta por caminos legales para solventar sus necesidades básicas.
Los Gobiernos llegan y se van, pero su legado prevalece y trasciende. El fantasma de la represión no puede ser pretexto para no actuar y cumplir con su deber por quienes salvaguardan la seguridad de todos.
Señores Generales, Almirantes y expertos en la materia, ustedes saben mejor que nadie, que aquí y en China que toda agresión a las fuerzas armadas por bandas de delincuentes debe ser devuelta con el doble volumen de fuego, esto debe ser comprendido por todos los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial si se quiere vivir en orden y desarrollo.
La lealtad obliga a hablar claro aún y cuando no sea lo que se quiere oír. Aún y cuando sea temerario hacerlo en tiempos de transformación como son los actuales. Es de humanos errar y de sabios cambiar de opinión. La política de seguridad está mal enfocada y requiere rectificarse.
El honor y la lealtad a la Constitución y al Comandante Supremo obliga a todos a defender el legítimo derecho del uso de la fuerza del Estado para garantizar la convivencia pacífica y ordenada de la mayoría de la población. Esto no es ser un Estado represor es ser un Estado de derecho.