El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, insiste en evitar que el gobierno de dicha entidad ejecute una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada de 13 personas.
De acuerdo con el expediente de amparo 588/2018, en el que el exmandatario pidió la protección de la justicia federal contra la solicitud de adherir dicho delito a su orden de extradición, el juez le negó la suspensión definitiva.
Ante esta decisión, Duarte de Ochoa promovió un recurso de revisión para que sea un Tribunal Colegiado el que defina si es posible o no continuar el trámite para que el gobierno mexicano solicite al de Guatemala analizar si es factible aprehender al exgobernador por desaparición forzada.
Desde junio pasado, un juez de Veracruz concedió la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía estatal por la probable participación de Duarte en el homicidio y ocultamiento de 13 cadáveres, hechos por los que tres exfuncionarios de su administración permanecen detenidos.
A Duarte de Ochoa se le vincula con estos hechos debido a que en enero de 2016 fueron ubicados los restos de al menos 19 personas en la zona conocida como La Barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata.
De acuerdo con la fiscalía de Veracruz, por instrucciones del exdirector general de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, y la exdelegada de la Policía Ministerial, Carlota Zamudio Parroquia, actualmente detenidos; solamente se reportó el hallazgo de seis cuerpos.
Por esto también fue detenido y actualmente está vinculado a proceso el exsecretario de Seguridad Pública de la entidad, Arturo Bermúdez Zurita.
De los 13 cuerpos restantes, que constituyen la acusación del ministerio público local contra Duarte, uno fue llevado a la localidad de Santa Ana, municipio de Alto Lucero, donde según las pesquisas, se realizó una simulación de su hallazgo a pesar de que ya había sido previamente identificado como David Lara Cruz.
