Cuando el presidente Donald Trump anunció la audaz captura de Nicolás Maduro para enfrentar cargos de narcotráfico en Estados Unidos, presentó a la vicepresidenta y antigua asistente del mandatario venezolano como la socia preferida de Estados Unidos para estabilizar Venezuela en medio de una plaga de drogas, corrupción y caos económico.
Lo que no se mencionó fue la nube de sospechas que rodeaba a Delcy Rodríguez antes de convertirse en la presidenta encargada de la atribulada nación a principios de este mes.
De hecho, Rodríguez ha estado en el radar de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) durante años y en 2022 fue incluso etiquetada como un “objetivo prioritario”, una designación que la DEA reserva para sospechosos que se cree tienen un “impacto significativo” en el tráfico de drogas, según registros obtenidos por The Associated Press (AP) y más de media docena de funcionarios actuales y anteriores de las fuerzas del orden de Estados Unidos.
La DEA ha acumulado un archivo de inteligencia detallado sobre Rodríguez que data al menos de 2018, muestran los registros, catalogando a sus conocidos y las acusaciones que van desde el narcotráfico hasta el contrabando de oro. Un informante confidencial dijo a la DEA a principios de 2021 que Rodríguez estaba utilizando hoteles en el resort caribeño de Isla Margarita “como fachada para lavar dinero”, según los registros. Tan recientemente como el año pasado, la actual presidenta encargada de Venezuela fue vinculada al presunto intermediario de Maduro, Alex Saab, a quien las autoridades estadounidenses arrestaron en 2020 por cargos de lavado de dinero.
El gobierno de Estados Unidos nunca ha acusado públicamente a Rodríguez de ningún delito. Notablemente, para el círculo íntimo de Maduro, ella no está entre los más de una docena de funcionarios venezolanos actuales acusados de narcotráfico junto al presidente derrocado.
