El traslado a La Haya del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, después de que fuera detenido en Manila tras una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad, sigue el mismo camino que otros mandatarios juzgados por distintos tribunales especiales a nivel internacional.
Duterte está acusado del crimen de lesa humanidad de asesinato durante su "campaña contra las drogas" entre 2011 a 2019 en Filipinas, y aunque ese último año retiró a su país del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, esa decisión no afecta a la jurisdicción que tiene la Corte sobre los crímenes cometidos en los años anteriores.
El exmandatario filipino es el segundo jefe de Estado en pasar a manos de la CPI desde su fundación en 2002. El expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, fue absuelto por la CPI en 2019 de los crímenes de lesa humanidad que se le imputaban, aunque había pasado casi una década en el Centro de Detención de La Haya.
No obstante, la lista de órdenes de arresto emitidas por la CPI contra mandatarios incluye al presidente ruso, Vladimir Putin, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el expresidente sudanés, Omar al Bashir.
La CPI es un tribunal que se rige por el Estatuto de Roma, adoptado en 1998, y tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio y de agresión estatal. La Corte tiene 125 Estados miembros, aunque entre ellos no se encuentran grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China.
La Haya también ha sido hogar de otros tribunales especiales ad hoc establecidos con apoyo internacional para casos y conflictos específicos.
