El plan para remediar afectaciones por la contaminación del Río Sonora, no concluye. A poco menos de un año, más comunidades como centros de población rural que se dedican a la agricultura, ganadería y pesca, están seriamente afectadas en sus actividades productivas. Tras el derrame de la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, de acuerdo con muestreos de Conagua, tanto los ríos Bacanuchi, Sonora y la presa El Molinito están contaminados con metales pesados como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles han estado fuera de las normas ecológicas y de salud, posterior al derrame. Siete municipios del Río Sonora, Baviácora, Aconchi, Ures, Arizpe, Banámichi, San Felipe de Jesús y Huépac, interpusieron una demanda civil por daños en contra del complejo minero Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo México, para que indemnizara a los habitantes de los pueblos afectados por el derrame de casi 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en el río Bacanuchi, un afluente del Río Sonora ubicado en la zona oeste, el cual en épocas de mucho caudal desemboca en el Océano Pacífico. Tras el hecho, era visible una enorme mancha anaranjada de al menos 60 kilómetros de largo. A lo anterior se sumó una denuncia penal presentada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La sanción podría incluir prisión y multa de 300 a 3 mil días de salario mínimo, es decir, entre 20 mil 187 y 201 mil 870 pesos, lo cual resulta simbólico comparado con el daño. Las demandas se interpusieron ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente Previstos en Leyes Especiales de la Procuraduría General de la República. Aunado a lo anterior, a la minera se le sigue un proceso administrativo por violaciones a la Ley General de Gestión y Residuos, por lo que podría ser multada hasta por 3 millones de pesos. En su momento se dijo que por este caso sería procedente un juicio en el marco de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental cuya sanción económica podría alcanzar 40 millones de pesos, independientemente de la reparación de los daños ambientales. Tras la contingencia, ha sido necesario un programa de empleo temporal para apuntalar la economía ya que, por ejemplo, los productores de la zona se han visto obligados a paralizar sus actividades, con repercusiones incluso hasta en escuelas. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua suspendió la operación de los pozos como medida precautoria. Sobre este grave suceso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que dichas empresas mineras ocasionaron un derrame de sulfato de cobre acidulado, el cual fue detectado a las 10 horas del 6 de agosto del pasado año. El material tóxico se arrojó sobre un arroyo denominado Las Tinajas o Rastritas, siguiendo una trayectoria de 89 kilómetros. Al ser el acceso al agua una garantía de todos, reconocida en la ley, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervino en este caso. Lamentablemente, no es la primera vez que ocurre una situación de este tipo en perjuicio de los ríos, y del medio ambiente en general. Hace apenas tres años la organización ecologista Greenpeace México exigía a las autoridades en la materia recoger todo el petróleo crudo derramado de manera intencional sobre el río Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, así como realizar un análisis en el caudal y en tierra, ya que sólo con estudios de agua, suelo y de impacto al medio ambiente sería posible determinar el grado de contaminación a lo largo de 12 kilómetros del afluente.
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