EDITORIAL

Con el propósito de atender una de las propuestas que había surgido la semana pasada, es decir, abrir un espacio para la consulta e intercambio de puntos de vista entre todos los actores políticos ahí representados, la Cámara de Diputados a través de la Junta de Coordinación Política acordó por unanimidad posponer por el tiempo que sea necesario la discusión sobre la Ley General de Aguas. Lo que se ha recalcado en esta oportunidad es que en el proyecto no existe un solo elemento que permita vislumbrar una eventual privatización. Una voz pertinente en este asunto en lo particular, es decir la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, desmintió todo intento en ese sentido. De acuerdo con dicha comisión, la iniciativa de la Ley General de Agua, que este martes se votaría en el pleno de la Cámara de Diputados, no toca en absoluto el Artículo 27 constitucional, por lo que permanece intocable la propiedad de las aguas en favor de la Nación, y por lo tanto bajo la rectoría del Estado. “Habrá tiempo suficiente para que muchos de quienes hablan pero todavía no han leído la iniciativa ni el dictamen, hagan su trabajo. Lo que no hay es intención privatizadora como ciertos políticos demagógicos han expresado”. Así se han manifestado quienes han dado la cara en este tema. Además, han sostenido que en este asunto, son los tiempos electorales los que están tomando como bandera la ley para confundir a los demás. Frente a lo anterior, se considera que el diálogo permitirá identificar con claridad esas expresiones de incertidumbre, desconocimiento e inconformidad que se agitan en el ambiente, para resolverlas a partir de la precisión del contenido. Es probable que parte de la controversia que ha habido se deba al hecho de que, en efecto, contempla la participación de la iniciativa privada, sin que lo anterior implique privatización, pues tal como se halla ahora el 27 Constitucional prevé el derecho de transmitir el dominio de aguas a particulares. Por el contrario, se argumenta que garantizaría la responsabilidad del Estado de dotar de este bien a los ciudadanos, además de dar certeza jurídica a las acciones de los distritos de riego. La semana pasada se mencionaba aquí mismo que quienes se oponen argumentan que el documento no establece el derecho humano al agua y saneamiento, pues carece de mecanismos de garantía para los grupos étnicos, comunidades equiparables y en condiciones de pobreza. A lo anterior se han sumado otras voces. Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México señalaron que algunos artículos del dictamen de Ley General de Aguas “legalizan la contaminación del agua, intensifican conflictos ambientales y eliminan la participación ciudadana”. En un documento difundido por personal del Instituto de Investigaciones Jurídicas, del Instituto de Geografía y del Instituto de Geofísica, sostienen que la iniciativa “criminaliza la investigación científica”, lo anterior, porque restringe la realización de análisis a la calidad del agua. Como se recordará, la semana pasada las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y la de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, aprobaron por unanimidad el dictamen de la nueva Ley General de Aguas. Con base en el texto, el Estado garantiza el derecho humano al acceso al agua y a servicios como su distribución, alcantarillado y tratamiento. Prevé nuevos supuestos de delito como la contaminación del sistema hídrico con multas por 250 mil días de salario mínimo, y acciones penales o administrativas. La iniciativa de ley, que es la legislación reglamentaria de la reforma constitucional que se realizó el 8 de febrero de 2012, en la que se plasmó el derecho humano al agua, elaborada por el Ejecutivo federal y turnada a la Cámara de Diputados el 26 de febrero para su discusión, considera que éste es un tema de seguridad nacional, es decir, relacionado con la tranquilidad y los intereses del Estado Nación, y con los riesgos en que pudieran hallarse en determinado momento.