Hace tiempo se analiza el tema educativo con interés. Por lo menos en los estados del sureste del país necesita cirugía mayor. Eso se dice en algunos círculos relacionados con esa tarea, frente a resultados de aprovechamiento, estadísticas sobre deserción, entre otros datos que son objeto de estudio.
Se le ve por ahora como un problema desvinculado de otros fenómenos como el crimen organizado que, sin embargo, es grave en estados que tienen otros parámetros, aunque eso no garantiza que en el futuro los indicadores de esta región no se agudicen.
Hay quienes sostienen que esta realidad se debe a un tejido histórico complejo, a factores de diversa naturaleza, como la aplicación en el pasado de políticas públicas que en poco han contribuido a superar obstáculos. Ven detrás, problemas económicos y sociales estructurales, y no producto de una situación de coyuntura.
Pobreza, dispersión, fecundidad e incluso migración, entre otros, contribuyen a crear un entorno que es ciertamente particular ante otras regiones del país. Por cada analfabeto en el Distrito Federal, hay ocho en Chiapas. Lo anterior ha llevado a proporcionar atención dierenciada a ciertas zonas, en materia económica por ejemplo, pero sucede lo mismo en gasto social.
En el caso concreto del estado, por otra parte, la organización que se ha visto operar desde una parte de la estructura sindical tiene una parte protagónica en un escenario que es de los menos favorecidos.
La educación ha sido y sigue siendo motivo de preocupación. Por ejemplo, a estas alturas del ciclo escolar, 8 de septiembre, hay en la ciudad capital del estado un número indeterminado de niños y niñas que no pudieron inscribirse en ninguna de las diversas escuelas de la ciudad, pese a tener un promedio aceptable, incluso excelente. Haría falta un censo pues seguramente la Secretaría del ramo se sorprendería ante el resultado.
Si lo anterior sucede en la ciudad capital, la situación tiende a ponerse más complicada cuanto más se aleja del centro.
Es en este contexto que ha llamado la atención la moción que ayer ha hecho la Secretaría de Educación.
La propuesta es dividir al país en materia educativa, en cinco: la Zona Noroeste, integrada por los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.
La Zona Noreste estaría formada por Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; la Occidente la integrarían los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.
Además la Zona Centro se conformaría por el Distrito Federal y los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala; mientras que Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán estarían unidos en la Sur-Sureste.
“El objetivo es llevar la SEP a los estados”, conocer los problemas, retos y formas de ayudar a resolverlos a niveles local y federal, hacer una agenda de trabajo precisa y cumplir las tareas que cada parte tiene con el fin de elevar la calidad educativa del país, se explica.
Presumiblemente esta medida vendría acompañada de otras acciones precisas y diferenciadas que podrían estar sujetas también a evaluación para medir su impacto en un determinado lapso, que toman en cuenta el escenario diverso y complejo que son los estados.
La educación, como ya se ha mencionado en otras ocasiones, es el punto de partida. Los cambios que implica la reforma eductativa han abierto grandes expectivas a futuro en una gran parte de la población, las cuales se basan en la solución de muchos de los problemas que aún deben superarse.
