Un total de 36 víctimas civiles, entre ellas cuatro mujeres, dos niñas y un producto de ocho meses de gestación, son las víctimas del Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN) documentadas por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo en los últimos tres años.
Por esta razón familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales se manifestaron frente al Cuartel Militar del 16º Regimiento de Caballería Motorizada, para denunciar que sus crímenes siguen sin castigo y demandaron la destitución del general brigadier, Miguel Ángel Ramírez Canchola, comandante de la Guarnición de la Plaza.
Tan solo en el 2024, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció seis víctimas del Ejército Mexicano en distintos casos, entre ellos el pintor Esteban Durán Álvarez, en el mes de noviembre; la enfermera del IMSS, Yuricie Rivera, en octubre; el menor Armando Hernández Gallardo, en agosto; y los jóvenes Víctor Alfonso Olvera Sánchez, en agosto; José Ángel Romero Villanueva, en mayo; y Jesús Fernando Cruz Flores en abril.
Mientras que las víctimas de la GN que murieron acribilladas durante dos operativos distintos, fueron la niña Lidia Iris Fuentes Galván y Diego Alfredo Muñiz Fernández, el 12 de octubre del 2024, así como el trabajador Hugo Pérez Avendaño, quien resultó muerto en hechos ocurridos el 19 de enero del mismo año.
En el 2023, el Ejército Mexicano acumuló cuando menos 13 ejecuciones extrajudiciales: el 26 de febrero asesinaron a los jóvenes Gustavo Suárez, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Pérez Benítez.
En este caso, un juez federal sentenció a 40 años y nueve meses de prisión a cuatro cabos del 16º Regimiento de Caballería Motorizada.
En mayo del 2023 también fueron ejecutados extrajudicialmente José Ángel Moreno Pool, Edgar Chavarría Rico, Jorge Antonio Colector Pineda, José Isabel Rivera Vega y Clinton Alex Blucha Pérez, quienes escapaban de personal militar en una camioneta tipo pick up y terminaron impactados en la barda perimetral de un centro comercial.
Los civiles fueron bajados de la unidad y posteriormente fusilados.
El 16 de abril de ese mismo año, elementos de la GN dispararon a los ocupantes de una camioneta tipo Suburban, en donde viajaban los integrantes de dos familias, asesinando a balazos a la menor Miriam Mariana Flores Tizano, quien se encontraba embarazada, así como al adulto mayor Felipe García, quien recibió un disparo por la espalda. Otros seis ocupantes de la camioneta resultaron heridos con arma de fuego.