Desde hace varias décadas, la producción de alimentos en México enfrenta un deterioro persistente. No se trata de una dificultad pasajera, sino de una crisis estructural que ha debilitado la autosuficiencia del país y ha colocado en condiciones cada vez más precarias a millones de productores.
En los hechos, la actividad agroalimentaria se desarrolla con apoyos insuficientes, con una institucionalidad debilitada y con un mercado dominado por grandes intereses comerciales.
La desaparición de la banca de desarrollo del sector significó la pérdida de un instrumento crítico para financiar la tecnificación y la producción misma de alimentos.
Del mismo modo, el desmantelamiento de los servicios de extensión agrícola dejó sin acceso a la innovación, tanto a los productores de temporal y autoconsumo, como a las zonas de riego que aportan por lo menos el 50 % del PIB del sector primario.
Y contrario a lo que se ha dicho, en este grupo se integran también los pequeños y medianos productores. A esto se suma la insuficiencia de infraestructura de acopio, almacenamiento y conservación de perecederos; carencia que ha favorecido a los intermediarios rapaces.
El resultado es esta crisis actual de insuficiencia de granos y hoy México se ha convertido en el segundo mayor importador de granos básicos del planeta: mientras los productores reciben precios castigados por su trabajo, los consumidores pagan alimentos cada vez más caros.
Los más perjudicados son, como casi siempre, los productores de menor escala y los sectores populares. Entre ambos extremos se ha consolidado una estructura de intermediación y acaparamiento que distorsionan el mercado y debilitan la seguridad alimentaria de la nación a niveles críticos.
Se vive una paradoja en la que el país se alimenta de granos importados, y al mismo tiempo, se registran millones de toneladas de maíz que los productores no pueden vender.
El sistema agroalimentario mexicano debe asumirse como una prioridad estratégica. No se trata solamente de sostener la economía rural, sino de la autosuficiencia, la independencia, la estabilidad y la sustentabilidad que en suma conforman la soberanía alimentaria.
En esta hora decisiva, el diálogo entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y los productores se espera que sea un ejercicio democrático, abierto, franco y sin intermediarios; capaz de construir soluciones duraderas y de colocar al campo en el centro de la vida nacional.
Su rescate no significa únicamente atender a un sector económico, significa fortalecer la base de la existencia misma de nuestro país. En la soberanía agroalimentaria, México se juega su futuro.
