El código penal único no será suficiente

México requiere de una reforma integral a todo el sistema de justicia y a sus operadores, que promueva el respeto al estado de derecho, que se traduzca en seguridad jurídica, respeto a la ley, así como en protección a la integridad de las personas y de sus bienes; la sola reforma judicial se quedaría corta porque solo mejoraría a uno de los operadores del sistema, y no alcanzaría esos objetivos.

Para que los poderes judiciales mejoren, la reforma deberá concretar los mecanismos que aseguren su independencia y autonomía, fomentar la carrera judicial para garantizar a los juzgadores estabilidad en su función, crear los mecanismos para protegerlos cuando conozcan de asuntos en materia de DO y rotarlos.

Como equilibrio a esas atribuciones se requiere establecer para la judicatura un verdadero sistema de rendición de cuentas. No basta con transparentar las resoluciones, es necesario que los jueces acepten que son servidores públicos, sujetos a un régimen de responsabilidades y de rendición de cuentas, además de que la población conozca y evalúe su trabajo. Es importante la participación de la sociedad civil en el proceso de supervisión y evaluación.

El programa de Beccaria aludía a que las leyes deben ser redactadas con sencillez y claridad, responder al fin de prevención general negativa (temor a las leyes, no temor a los hombres), defensa de la nación, publicidad de la justicia penal y, un sistema que elimine la tortura y penas corporales, buscando la legalidad para evitar la arbitrariedad.

La Presidencia de la República y muchos especialistas han impulsado la expedición de un código penal único, que resuelva el problema que representa aplicar leyes con tipificaciones y objetivos diversos, lo que genera impunidad. Así se podrán ajustar los tipos penales a las directrices que marca la Constitución y los compromisos internacionales.

Del Código Penal de 1931, ya casi no queda nada. En los últimos años fue reformado en promedio en cada sexenio cien veces, lo que ha originado que cada gobierno proponga una miscelánea penal, a veces contradictoria y sin apegarse a una verdadera política criminal.

En el país existen 33 códigos penales, algunos tipifican alguna conducta que no todos los estados reconocen como delito, lo que ha originado que la delincuencia evada la justicia pasándose a otro estado. También se generan problemas de competencia territorial debido a que si un evento delictivo empieza en un estado y sus consecuencias se reflejan en otro, muchas veces puede quedar impune.

Una sola codificación penal permitiría también una política criminal única, coherente, transversal, respetuosa de los derechos humanos y con perspectiva de género, que combata la impunidad y termine con la arbitrariedad e injusticia que tanto ha dañado a México.

Las condiciones sociales y geografía de México nos hacen únicos. Los delitos responden, como última ratio, a tratar de solucionar y castigar conductas antisociales, pero debido a la fenomenología de cualquier evento, no puede suceder así en todos los casos. Consideramos que no es suficiente expedir un Código Penal único, tenemos que transformar nuestro sistema de justicia a nivel nacional para que se traduzca en reformas que respondan a garantizar los derechos de las personas, combatir la impunidad y conseguir justicia para nuestra gente.