La pandemia orilló a aprovechar la tecnología para facilitar el trabajo desde casa. Ante la necesidad de seguir sesionando, el Congreso mexicano habilitó formas de participación y de votación que no exigían la presencia de los legisladores.
La prioridad era minimizar contagios, y hubo una solución que permitió seguir con el trabajo sin arriesgar vidas, en una situación absolutamente inédita.
Con la pandemia superada, varios sectores conservaron esquemas remotos o híbridos; también se mantuvo en el trabajo legislativo. Sin embargo, es tiempo de reconocer que ese esquema debe ser superado.
Ante discusiones trascendentales que impactarán a las familias mexicanas, es necesario que el mandato ciudadano se materialice con el trabajo presencial de las y los legisladores.
La responsabilidad de estos tiene dos componentes fundamentales: la redacción, discusión y votación de leyes que modifican la convivencia en el país, y el trabajo de contacto con la ciudadanía. Estas dos responsabilidades no son, ni deben ser, excluyentes.
La sociedad reclama, con justa razón, mejores legisladores, y se debe responder a dicha exigencia. Se debe prestigiar la política. Esto tienen la obligación de cumplir las expectativas de un país con dolores profundos y necesidades legítimas. La participación plena, consciente y visible es un requisito para que se pueda regenerar la confianza de los votantes.
La asistencia personal —y no remota— contribuye al buen desempeño; se ha visto de manera reiterada y la opinión pública lo ha consignado.
La presidenta de la Cámara de Diputados convocó a los 500 diputados a que asistan a las sesiones de manera presencial, den el debate y defiendan sus posiciones en los temas que son trascendentales para México.
Existen iniciativas importantes que merecen ser discutidas de manera presencial, por eso los diputados y diputadas deberían acudir a las sesiones del Congreso de la Unión.
