El Infonavit decidió dar un importante paso para la consolidación urbana de las ciudades mexicanas. Después de un comprometido esfuerzo por parte de los sectores gubernamental, empresarial y sindical, el pasado 12 de agosto el Consejo de Administración del Infonavit aprobó las reglas que establecen las condiciones de ubicación y movilidad con las que deberán contar las viviendas y el suelo destinado a vivienda para ser susceptibles de financiarse a través de un crédito otorgado por el Instituto. En adelante, el financiamiento hipotecario priorizará la ubicación como criterio ineludible, fomentando la consolidación de ciudades compactas, conectadas e integradas.
En resumidas cuentas, la metodología multicriterio que establece las reglas analiza el territorio nacional según el grado de integración de los satisfactores básicos dentro de su estructura urbana: evalúa la proximidad a escuelas primarias y secundarias, establecimientos de salud, centros de abasto, espacios recreativos, vías primarias y empleos, así como los tiempos de traslado -por distintos modos de transporte- para acceder a ellos.
La aplicación de estas reglas entrará en un periodo de ajuste y será en mayo de 2022 que el Instituto dejará de otorgar créditos para la adquisición de viviendas o suelo que se encuentren a más de dos kilómetros de la escuela primaria más cercana y del centro de abasto más cercano, o a más de dos y medio kilómetros de la escuela secundaria o el establecimiento de salud más cercano. Ya no será posible financiar, como se hacía antes (¡con los recursos de los trabajadores y con subsidios fiscales!), vivienda alejada de las manchas urbanas, de oportunidades de empleo y demás satisfactores que ofrecen los centros urbanos.
Con ello, el Infonavit asume que el derecho a la vivienda no se satisface con el mero hecho de tener un lugar para habitar, que cumpla con una infraestructura resiliente, instalaciones sanitarias, espacios para preparar alimentos y para el descanso, iluminación y ventilación, así como acceso servicios públicos básicos, como los de agua potable, electricidad y drenaje. Todos esos elementos son parte de un estándar mínimo indispensable, sí, pero que entiende a la vivienda como un objeto aislado. Sin embargo, la vivienda aislada, lejana y desconectada de su entorno urbano inmediato, no sirve y no es digna.
Lo anterior no tiene que ver solamente con una cuestión de calidad de vida, sino de derechos. El ejercicio del derecho a la vivienda está estrechamente vinculado con el de muchos otros. Quienes viven en condiciones de precariedad, sin garantías de seguridad o movilidad, sin opciones de empleo o servicios de salud y sin espacios de participación política, si bien no pierden sus derechos, tampoco pueden ejercerlos plenamente. El derecho a la vivienda es el ejemplo paradigmático de la “interdependencia” de los derechos humanos: el acceso a los bienes básicos que permite una vivienda adecuada posibilita el ejercicio de la autonomía, el desarrollo de las capacidades y la satisfacción de las necesidades humanas. La aspiración, por lo tanto, es hacia la integración de la vivienda con el entramado urbano que la rodea. Eso es tomarse el derecho a la vivienda en serio.
Si la vivienda deja de ser entendida como algo aislado, volcada sobre sí misma, para entenderla como algo que sólo puede ser digna si se relaciona adecuadamente con su entorno, se logrará dejar en el pasado de una vez por todas la lastimosa etapa de irracionales políticas de vivienda que durante las primeras dos décadas del siglo veintiuno dejaron altísimos costos económicos, sociales y ambientales. En adelante podrá analizarse si la vara que dejan estas nuevas reglas quedó alta o baja; pero ya hay vara. Ahí de aquél que pretenda eliminarla.