Fue un largo camino el que emprendieron colectivos de mujeres para que finalmente fuera aprobada una reforma a la Ley General de Transparencia que obliga a los poderes judiciales de todo el país a hacer públicas todas sus sentencias y, con ello, cerrar el paso a posibles actos de discriminación e impunidad.
A solo unos días de que causara gran indignación social el caso del funcionario público, Luis Alonso N, del municipio de Puerto Vallarta, quien fue sorprendido con una niña de 10 años desnuda dentro de su automóvil.
El ex funcionario fue presentado ante el juez Jorge Luis Solís Aranda, por la comisión de los delitos de abuso sexual infantil y corrupción de menores. Sin embargo, el juez desestimó el segundo delito, entre sus argumentos dijo que la niña “no sintió placer”.
Resolución por la que el juez fue destituido y la Unidad de Inteligencia Financiera también informó que le fueron congeladas sus cuentas bancarías, al igual que al imputado, por registrar movimientos irregulares.
La primera resolución generó que colectivos, organizaciones y líderes levantaran la voz de repudio y llevó a que la fiscalía se inconformara y solicitara una segunda audiencia, en la que finalmente logró que Luis Alonso N también fuera vinculado a proceso por corrupción de menores.
Es un caso que exhibió la deficiente capacitación de los funcionarios de procuración e impartición de justicia en perspectiva de género y el interés superior de la infancia.
Las inconsistencias en la carpeta de investigación y la falta de protección por parte de las instituciones del Estado generaron que la niña y su familia vivieran angustia y temor, por lo que también son víctimas de violencia institucional.
El caso es un ejemplo de la revictimización de que son objeto niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género, y nos lleva a reiterar la importancia de que los funcionarios de las fiscalías de justicia estatales y la Fiscalía General de la República, así como de los Poderes Judiciales de los estados y el Federal sean capacitados para la procuración e impartición de justicia con perspectivas de género y de niñez, para que sea una realidad que en todos los procedimientos judiciales se respeten los derechos humanos.
La reforma a la ley de transparencia, es el resultado de las alianzas que tejieron los colectivos con el poder legislativo, porque como se recordará, fue una iniciativa que hace años impulsó el colectivo “Lo justo es que sepas”, que está integrado por las organizaciones Equis: justicia para las mujeres; Poder político; Artículo 19; Controla tu gobierno, Fundar, Mexicanos contra la corrupción y México Evalúa.
A la fecha son pocos los tribunales y juzgados que publican sus sentencias y en algunos estados como es el caso de Zacatecas, no se ha publicado ninguna. El argumento es que en el artículo 73, fracción segunda, de la ley de transparencia, se señalaba que los poderes judiciales debían dar a conocer únicamente las sentencias de interés público.
Es una redacción que daba pie a la ambigüedad y cuya opacidad permitía que se pudieran dictar sentencias discriminatorias, sin perspectiva de género y de derechos humanos.
Con dicha reforma, ahora se podrá conocer y evaluar el trabajo de las y los juzgadores y funcionarios judiciales, además de que se podrán identificar indicios de actos de corrupción o discriminación. Sin duda, es un paso importante en el acceso a la justicia y el derecho a la información que tenemos como ciudadanos.