El 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que recuerda la importancia de conocer la actuación de las autoridades y contar con elementos para formarse un juicio sobre sus decisiones.
El acceso a la información adquiere valor por tratarse de un derecho facilitador, es decir, posibilita ejercer otros derechos o visibiliza aspectos de un problema que no aparecen a primera vista.
Por ello, constituye un “derecho llave”, pues conocer puede ser la condición para ejercer otros derechos o entender una decisión pública.
Durante años la transparencia proactiva ha buscado que las instituciones difundan por iniciativa propia información de interés público.
El marco jurídico vigente recoge esa lógica mediante el principio de transparencia con sentido social y pone especial atención en el aprovechamiento que las personas puedan hacer de la información y en que ayude a comprender asuntos complejos.
En este tenor, la Fiscalía General de la República se apega a ese principio; pues, dentro de los cauces que permite la ley, difunde aspectos de investigaciones de amplia importancia social que proporcionan a la sociedad medios para explicar temas específicos y la respuesta institucional.
La información cumple así una función que contribuye a hacer más cercana y comprensible la labor de las instituciones y, con ello, se coloca al servicio de las personas.
Por ejemplo, las investigaciones relacionadas con el contrabando de combustibles permiten apreciar esa amplitud. Cuando la introducción o comercialización ilícita de estos productos supone dejar de pagar los impuestos o contribuciones que legalmente corresponden, el fenómeno alcanza los ingresos de la hacienda pública.
Al dejar de ingresar esos recursos, se producen efectos en la recaudación. Al mismo tiempo, quienes eluden el pago de las contribuciones correspondientes pueden operar con costos distintos a los de quienes sí cumplen con esas obligaciones, con posibles consecuencias sobre la competencia y los mercados en los que participan. Sus resultados pueden también alcanzar, de distintas maneras, la economía de las personas.
Así, el acceso a la información permite advertir que el impacto de un mismo hecho puede extenderse a diferentes ámbitos. Una conducta investigada penalmente puede incidir en la recaudación, producir daños en un mercado o involucrar otros intereses colectivos.
La información generada durante una investigación puede hacer visibles esas conexiones y ayudar a identificar qué recursos públicos están involucrados, qué consecuencias producen determinadas conductas y de qué manera han respondido las instituciones.
Contar con datos acerca de asuntos de interés colectivo ofrece elementos para formarse un juicio propio respecto de la actuación gubernamental y amplía las bases para el escrutinio público y para una deliberación mejor informada. En ello reside la contribución del derecho al acceso a la información a la rendición de cuentas y, por ende, a la vida democrática de México.
