Desde hace tiempo se habla que se vive una “crisis de cuidados”. Es cierto. Cada vez son más las personas que requieren de cuidados, y cada vez menos las dispuestas a prestarlos.
Debido a esta crisis se han hecho varias propuestas para crear un Sistema Nacional de Cuidados en el país. El tema ha cobrado tal relevancia que estuvo en la agenda electoral de todas las fuerzas políticas en la última contienda presidencial.
Lo interesante es que no es a nivel federal en donde se están dando los pasos más importantes, sino a nivel subnacional. Ya son seis entidades federativas que reconocen el derecho al cuidado en su constitución local: CDMX, Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Puebla y, recientemente, Durango. Llama la atención que un derecho de tal trascendencia avance desde lo local.
Por mucho tiempo los cuidados se dejaron en el ámbito íntimo y privado. Era un deber impuesto, especialmente a las mujeres, por el cariño, el amor y el parentesco. Y aunque esto puede tener toda la justificación, lo cierto es que minimiza lo que implica cuidar.
Alguien que cuida, por lo general, ve afectada su vida laboral y con ello su derecho al trabajo; también puede ver afectado su derecho al descanso, su salud mental, física y emocional.
Y todos estos son derechos, es decir, son expectativas subjetivas que derivan en normas que se consideran fundamentales para vivir en una sociedad bien ordenada.
Constitucionalizar el derecho al cuidado es un paso para remediar esta situación. Es necesario que el Estado lleve a cabo las políticas públicas posibles para garantizar que todas las personas que requieran cuidados los obtengan y que quienes cuidan lo hagan sin menoscabo a sus otros derechos. Y si lo hacen que sea de manera equitativa, corresponsable y remunerada; en otras palabras: en condiciones de dignidad y justicia.
Garantizar el derecho al cuidado es encaminarse a revertir injusticias de género profundas. El 80 % de los cuidados en este país recaen sobre las mujeres.
Ellas dedican tres veces más tiempo a los cuidados que los hombres. Para resolver esta necesidad de cuidados y al mismo tiempo atender la desigualdad de género que implica, el Estado tiene que hacerse responsable.
No sólo de que exista una estrategia integral de cuidados, que se piense articuladamente, sino que también haya una estrategia para cambiar las dinámicas sociales que han depositado las labores de cuidado en las mujeres de manera desproporcional.
Este derecho también es un recordatorio de algo fundamental: todos, en algún momento de la vida, han sido cuidados y van a tener que ser cuidados. Ya sea por edad, enfermedad o accidente, en algún momento necesitan que alguien esté para ello.
Reconocer este derecho y, posteriormente, forjar un sistema estatal de cuidados es hacerse cargo de esta corresponsabilidad que compete atender a todos. Ya van seis estados que asumen esta responsabilidad.
