A finales de la pasada Legislatura, es decir, días antes de que entrara en funciones la presente, en octubre hace tres años, en este mismo espacio se planteaba la necesidad de abordar todo lo concerniente al cambio de mando, con información puntual ante quienes habían sido nombrados enlaces de la siguiente administración, con el fin de tener un relevo sin problemas, para que la sociedad pudiera continuar su trabajo cotidiano con libertad de tránsito, libre de los conflictos que se habían venido observando entonces con preocupación.
Los poderes estaban en renovación ese primero de octubre. En principio, el Congreso era otro; cuarenta personas que no habían sido sin embargo las que al inicio asumieron esa responsabilidad, dejaban el cargo, más una, que fueron sustituidas ese día por representantes distintos.
Se hacía ver que quizá lo que marcaba más esa diferencia era que la deuda de la entidad había tenido una variación sustancial a la alza colocándose del día anterior al sigiente, de 16 mil 513 millones de pesos a 20 mil 113 millones de pesos, ya que quienes terminaban su representación legislativa habían hecho lo que tenían que hacer al aprobar un nuevo crédito por 3 mil 800 millones de pesos, ante la situación que privaba en el estado. Eran los últimos días de la administración estatal pasada. En total, ese gobierno, en sus seis años, había ejercido alrededor de 400 mil millones de pesos, entre presupuestos anuales y créditos.
Además, otro evento de trascendencia que se sumaba entonces a la nueva realidad de Chiapas, era el ascenso de 122 nuevos Ayuntamientos en los municipios, una vez que el día anterior, domingo 30 de septiembre, habían concluido sus funciones las anteriores autoridades en medio de una inconformidad generalizada derivada del incumplimiento de deberes, lo que había provocado inestabilidad y conflictos en diversas zonas, entre ellas la Región Central, Norte, Sierra y Fronteriza. Se recuerda como si fuera ayer, pero han transcurrido tres años.
Ese primero de octubre también encaminaba rápido el fin de la administración estatal de Gobierno, a la que le restaban escasos dos meses y días, al tener que renovarse el 8 de diciembre. Así, la entidad iba hacia un nuevo periodo en circunstancias difíciles debido a que el interior de Chiapas experimentaba un clima de tensión, desmanes y desórdenes que se habían venido agudizando durante los últimos días de ese mes de septiembre.
Se dijo entonces que correspondía a los que eran en ese momento actuales servidores públicos del Gobierno estatal, hacer lo posible por atender dos tipos de inconformidad que se distinguían en las expresiones que se habían estado registrando: una derivada de las deudas que dejaban sin saldar las autoridades municipales salientes y, otra, de carácter político electoral.
Se recomendaba en esas fechas atender las dos expresiones para no dejar a la administración entrante un estado generalizado de inconformidad, lo mismo en las ciudades que en las carreteras. Debía pues, darse solución mediante el diálogo, pero con carácter urgente, porque el tiempo apremiaba y los conflictos estaban afectando la marcha normal de Chiapas.
Los inicios y los términos han sido eventualmente complicados, sin embargo, el que se cita lo fue más por una serie de acontecimientos que convergieron en esa coyuntura. Por ello, el que se aproxima, en cuanto a los presidentes municipales, debe ser un relevo adecuado en todos sentidos, como ya han aconsejado algunos sectores de la entidad.
