El país de los ciegos

No hay nota más triste. Diecinueve niños indígenas de entre 8 y 14 años que quedaron huérfanos por el asesinato de sus padres en Chilapa se levantan en armas y se unen a las filas de la policía comunitaria.

¿Qué puede hacer que un niño tenga un arma en la mano? ¿El desamparo? ¿El miedo? ¿El odio? ¿La desesperanza? Niños que deberían estar en la escuela están en la policía comunitaria porque en vez de heredar un instrumento musical de sus padres, heredaron un conflicto que les puso un arma en las manos.

Y pese a las cifras de 97 personas asesinadas a diario en el país; nos dicen que la violencia no ha crecido, sino que se ha «establilizado». Tal vez en números estadísticos sea así, pero la realidad es que la violencia está encontrando relevos en la infancia y la venganza. Al fallar el Estado la justicia se hace por propia cuenta y la perspectiva es ojo por ojo hasta ser el país de los ciegos.

Esa es la perspectiva porque sería iluso esperar que la realidad cambie si en tres sexenios se ha seguido la misma fórmula: la política de drogas sigue apostando por la prohibición y la política de seguridad sigue enfocada en policías y Guardia Nacional. Es decir, sigue apostando por el castigo en un país con más del 90% de impunidad. En este sentido, la Guardia Nacional, la ampliación del catálogo de delitos que permiten la prisión preventiva oficiosa y una eventual reforma al sistema penal, en el mejor de los casos conseguirán que algunas víctimas vean a sus victimarios en la cárcel, pero ello no generará paz social. Se necesita reducir la violencia de manera masiva.

Para ello, necesitamos una política de seguridad justo en el sentido contrario a lo que se ha planteado. El Estado debe reconocer que las fiscalías y los juzgados no pueden resolver todos los casos que han estado archivando durante décadas. Tendría que priorizarse la persecución de los delitos más graves y que generan mayor daño social para que no queden impunes y disuadir su comisión de manera inmediata, y a futuro anteponer la prevención al castigo.

Nos urge también detener la venganza con procesos restaurativos para las víctimas y de integración social de quienes estuvieron en la cárcel para evitar la reincidencia. Estos procesos, para que sean efectivos, deben de ser diferenciados, porque no todos los contextos son iguales y por lo tanto no se pueden resolver con las mismas acciones, ni mucho menos con los mismos programas sociales.

Y desde luego hace falta una profunda reestructura institucional y social que disminuya notoriamente las causas estructurales de las violencias como la inequidad social, la corrupción sistemática y la política de prohibición de las drogas.

En suma, se necesita un nuevo acuerdo para cambiar de estrategia que articule a toda la nación y todos los niveles del Estado y eso solo lo puede hacer quien ostente la investidura presidencial.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad propone la aplicación de un modelo de justicia transicional que implica que el Estado se atreva a ver la realidad y reconozca que está rebasado desde hace mucho y que necesita de una estrategia excepcional y transversal para superar la crisis de violencia. Sin embargo, el presidente, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no recibirá al movimiento y que será atendido por el gabinete de seguridad, reduciendo de nueva cuenta la paz a un asunto de combate a la delincuencia.