El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es hoy una estructura a medio construir que muchos ya dieron por perdida. Para algunos es la evidencia de un intento fallido y para otros la confirmación de que el país no puede diseñar instituciones duraderas.
Esa lectura luce cómoda, aunque evita mirar lo esencial: la corrupción no se quedó quieta. Se volvió más sofisticada, más rentable y resistente, mientras el SNA quedó detenido en una fase preliminar. Por eso, dejarlo morir sería un error que México no puede permitirse.
Comprender lo que está en juego exige volver al origen. El SNA nació para coordinar esfuerzos que durante décadas caminaron sin puente alguno.
El diagnóstico era evidente. Allí donde no conversan quienes previenen, quienes auditan, quienes investigan y quienes sancionan, la corrupción encuentra espacio para crecer.
La intención fue establecer una ruta común, evitar duplicidades y construir una visión nacional que alineara tareas. Lo que falló fue el aterrizaje. Muchos sistemas locales siguen incompletos o cargan con secretarías ejecutivas que nunca lograron consolidarse.
La Plataforma Digital Nacional avanza sin interoperabilidad. Y mientras tanto, algunos de sus integrantes se muestran indiferentes ante las convocatorias de sesión, un síntoma claro de irresponsabilidad institucional.
Frente a esta realidad, la estrategia para rescatarlo no está en discusión. Se requiere un espacio de coordinación que sí funcione, con compromisos verificables y reglas que obliguen a cada institución a trabajar con una misma brújula.
El Comité Coordinador debe recuperar impulso y el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización tiene que enfocarse en revisar políticas de control, fiscalizar participaciones federales y avanzar hacia esquemas de supervisión en tiempo real.
La Auditoría Superior de la Federación necesita capacidades suficientes para realizar auditorías oportunas y generar información útil para investigaciones administrativas o penales.
El mismo principio aplica en la investigación y la sanción. El país requiere tipificaciones claras para los delitos de corrupción y procedimientos que aseguren la reparación del daño al erario. Las fiscalías anticorrupción deben operar con verdadera autonomía y con personal capaz de investigar sin presiones y sin temor.
También falta integrar al ciudadano en este esfuerzo. La denuncia es la puerta de entrada a muchas investigaciones, pero solo funciona si existen mecanismos accesibles y un sistema de protección a alertadores que dé confianza a quien decide reportar actos indebidos.
Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana necesita estabilidad y una presidencia que permanezca el tiempo suficiente para consolidar proyectos y evaluar políticas sin interrupciones. Además, sus recomendaciones deben tener efecto real.
En fin, fortalecer el SNA es, sin lugar a dudas, una decisión de responsabilidad pública. No se puede ignorar que las soluciones duraderas exigen rigor y continuidad.
Corregirlo significa apostar por un país que no se resigna y que entiende que la integridad pública se sostiene con hechos. Ese es el camino correcto.
