En una sesión que se prolongó hasta las 3:48 de la mañana —reflejo de la relevancia de los temas en discusión—, la Cámara de Diputados recibió formalmente la minuta de reforma constitucional conocida como “Plan B”.
Conviene precisar que, aunque el documento recibido aún hace referencia en su título a la revocación de mandato, el artículo 35 constitucional, el cual regula este instrumento de participación ciudadana, no sufrió modificación alguna en el Senado y permanecerá como está actualmente. No habrá revocación de mandato en 2027.
La minuta fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral, siguiendo la misma ruta legislativa de la primera iniciativa que buscaba modificar 11 artículos constitucionales y que fue desechada.
Para que esta nueva reforma —que busca modificar 3 artículos de la Constitución— pueda aplicarse en el próximo proceso electoral, deberá aprobarse —junto con sus leyes secundarias— antes del 31 de mayo.
Entre los ajustes realizados en el Senado destaca la necesidad de reincorporar el principio de paridad de género en los ayuntamientos. La paridad es un logro de las mujeres que no acepta retrocesos, ya que no puede ser optativa ni circunstancial; debe permanecer como un eje rector del orden constitucional.
Y es que para que una reforma electoral trascienda como un instrumento legítimo y eficaz, resulta indispensable lograr los consensos y ser acompañado por todas las fuerzas políticas.
Habrá que estar atentos a su discusión en comisiones y, en su caso, a su recepción en la Mesa Directiva, para que, al momento de su análisis en el Pleno de la Cámara de Diputados, ver el debate en donde se escuchen todas las voces de los grupos parlamentarios.
Este escenario ilustran con claridad la naturaleza del trabajo legislativo: un espacio donde convergen decisiones de alto impacto constitucional con procesos institucionales que definen la estabilidad y credibilidad de los órganos democráticos del país.
