El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cumplió dos años el pasado 1º de diciembre. Tiempo suficiente para que el régimen vea consolidada su presencia desde el punto de vista jurídico y también político.
Después de 24 meses de tomar decisiones y presentar iniciativas, ya es momento de esperar los resultados ofrecidos en campaña, sin la comparación con el periodo anterior. A partir del inicio del tercer año, los indicadores, las cifras y el balance, solo se pueden comparar con su propio ejercicio.
Hay algo que siempre llamó la atención, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), presentado al arranque del actual gobierno, no contiene metas concretas, medibles en cifras y en el tiempo. Por lo que será difícil valorar si los resultados, año con año, son los comprometido en el PND.
En los informes ocasionales, en las conferencias que se dan cada mañana y en los informes obligatorios, la información de los resultados, tiene un formato genérico, sin comparar rubro por rubro, ni con los indicadores generalmente aceptados y desde luego sin referirse al avance respecto del PND.
Lo cierto es que, en economía, en seguridad, en salud, en la atención a la violencia contra la mujer, y más, los indicadores reales nos dan cifras a la baja. Incluso el de pobreza, a pesar de la creciente derrama en programas sociales, no muestra una mejora efectiva, que lleve a los sectores beneficiados, a subir en la escala económica.
El Presidente no puede estar todo el tiempo ordenando y vigilando que las dependencias y organismos, que componen el amplio aparato de la administración pública federal, cumplan con sus objetivos. Los que les impone la ley, los señalados, como quiera que estén expresados, en el PND y los que marca momento a momento, el propio titular del Poder Ejecutivo.
La pregunta es entonces: Quién o qué área del gobierno le da seguimiento al cumplimiento de cada política pública, en dónde se garantiza que aquellas secretarías de Estado, que deben trabajar de forma coordinada, efectivamente lo hagan. Quién valida que los titulares de las áreas administrativas, en el afán de quedar bien, no invadan funciones que corresponden a otros, en detrimento de la certeza jurídica de cada acción. Quién le ayuda al Presidente, para asegurar que las decisiones, se conviertan en los resultados que el pueblo espera.
Es frecuente ver o leer que servidores públicos federales, informan o ejecutan acciones que aparentemente corresponden a otras dependencias. Que la secuencia en la toma de decisiones, no corresponde con la jerarquía institucional. Y que es el propio Presidente, quien tiene que poner orden, ante la falta de una coordinación institucional o bien, anta la falta de presencia activa de algunos servidores públicos. Afectando con ello a la tan mencionada transparencia.
Por ello se podría afirmar que el Presidente no tiene quien le ayude. Según se ve en lo cotidiano, sus colaboradores, no le pasan los datos correctos o no se los dan oportunamente. Se dice que muchos funcionarios no logran acordar directo con su jefe o bien no hay capacidad para presentarle la información, en el formato adecuado y en los tiempos oportunos.
Si el estilo personal de gobernar, complica la comunicación y el ejercicio de las atribuciones, ello solo indica que, muchos colaboradores no han alcanzado la autoridad moral, para hacerse escuchar y por consecuencia incidir puntualmente en los resultados. Más allá de la ciega lealtad, independientemente de los perfiles, el presidente necesita que su gran equipo, sea eficaz y eficiente. El tiempo corre en contra. El Presidente necesita que le ayuden.