En el próximo periodo ordinario de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es muy probable que se discuta una reforma electoral.
Cualquier modificación al sistema electoral debe construirse con reglas claras, con la inclusión de todas las voces y con un objetivo superior: fortalecer la democracia, proteger el voto ciudadano y garantizar elecciones libres, equitativas e imparciales.
En México, millones de ciudadanas y ciudadanos sin afiliación política participan en los procesos electorales con la convicción de que su voto sea tomado en cuenta en la toma de decisiones.
Por ellos, y por la democracia, se debe evitar cualquier reforma que implique retrocesos en la construcción de la vida institucional del país.
El próximo periodo ordinario también traerá decisiones de enorme relevancia institucional, como la renovación de tres consejerías del Instituto Nacional Electoral y la designación de la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación.
Se trata de determinaciones que exigen perfiles técnicos, independientes y con un compromiso absoluto con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Por eso es necesario que los y las legisladoras impulsen temas que interesan a la nación en seguridad y justicia, combate a la corrupción, desarrollo económico, medio ambiente, entre muchos otros.
Se espera que desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, se conduzcan estos debates con responsabilidad, apertura y visión de Estado. México necesita acuerdos, instituciones sólidas y un Congreso que esté a la altura de su responsabilidad histórica.
Fortalecer la democracia y garantizar condiciones de justicia, legalidad y estabilidad para todas y todos los mexicanos debe ser uno de los mayores retos del próximo periodo de sesiones.
Todos deben estar plenamente conscientes de esa responsabilidad y asumirla con convicción, compromiso y una profunda vocación democrática al servicio del país.
