Los presidentes de Estados Unidos y México anunciaron la semana pasada el inicio del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esta es una decisión histórica para México, la región y el mundo. El resultado es altamente incierto dadas las dificultades procedimentales y de contenido para reformarlo. Las consecuencias para el país dependen más de la reacción interna que de lo renegociado, si es que se logra.
Hay una enorme diferencia entre las negociaciones hace un cuarto de siglo y las de 2017: en la primera ocasión, los tres gobiernos tenían fundamentalmente el mismo objetivo: lograr un ambicioso acuerdo para eliminar las barreras al comercio y la inversión en la región y representar un ejemplo para el resto del mundo. Juzgado por estas metas, el TLCAN ha sido altamente exitoso y benéfico para las partes. Ahora, el objetivo de renegociación expresado por la Casa Blanca, aunque contrario a lo establecido en la ley Trade Promotion Authority (TPA), es corregir la “catástrofe” infligida a Estados Unidos.
El TLCAN ha tenido un profundo impacto en el ámbito de las negociaciones comerciales internacionales en todo el mundo. También resultó en un fuerte impulso para el Acuerdo de Cooperación Económica de la Cuenca del Pacífico, incentivó la celebración de acuerdos bilaterales y regionales en América Latina y llevó a Colombia, Chile y Perú a imitar, pero luego rebasar, la agenda encabezada por México. Finalmente, permitió a Canadá, Estados Unidos y México negociar decenas de tratados similares, aunque ninguno con el nivel de ambición del original, con países que querían un trato semejante.
El TLCAN tiene dos características revolucionarias: simetría y cobertura universal. Los derechos y obligaciones aplican por igual a las tres partes y están incluidos todos los bienes y la inversión y servicios excepto las reservas listadas en anexos que no pueden ampliarse y que se reducen automáticamente cuando cada parte modifica su propia legislación para abrir mercados. Así, todas las reformas para abrir sectores implementadas por México (o Canadá o Estados Unidos) de manera unilateral desde 1994 en materia de inversión y servicios forman hoy parte integral del tratado.
La simetría es el principal valor para México. Por dos razones: primera, sería claramente inaceptable que el país fuera tratado como un socio menor, encomendado. Segunda, el alto nivel de disciplinas y el establecimiento del imperio de la ley que implican, al menos para un segmento de la economía, eran antihistóricos y revolucionarios.
Cabe preguntarse por qué el sector privado mexicano estuvo dispuesto a aceptar este arreglo. Con el TLCAN se terminaba, para una fracción creciente de la economía, el capitalismo de compinches y los arreglos para reservar para ellos mismos una rebanada del pastel. Hoy, para México, el tratado no es preferencial. El nivel de aranceles de nación más favorecida (NMF) que aplica Estados Unidos es muy bajo. Sin TLCAN los exportadores mexicanos pagarían cerca de 2% para bienes industriales y 6% para agropecuarios. Así, el impacto de que se termine el TLCAN depende de que el país permanezca abierto e impere el Estado de derecho para las operaciones de comercio exterior e inversión extranjera y que la legalidad se extienda al resto de la economía.
