La violencia se cierne como una grave amenaza para el proceso electoral 2023-2024. Si bien es parte de la violencia generalizada que padece el país, un factor de suma gravedad es que, en muchos casos, en estos asesinatos está involucrado el crimen organizado, lo que pone en riesgo los resultados e integridad electoral y, por ende, la democracia.
A cuatro meses de que se lleven a cabo las elecciones más grandes de la historia del país, los asesinatos de aspirantes a un cargo de elección han detonado las alertas de todos los actores políticos e institucionales ante la posibilidad de que la violencia se desborde y supere lo ocurrido en 2021, el último proceso electoral federal.
De acuerdo con Integralia, entre septiembre de 2021 (inicio del proceso electoral) y el 29 de junio de 2022, se contabilizaron 131 incidentes de violencia política en México, que dejaron 177 víctimas; de las cuales, 122 fueron mortales y el resto resultó solo con heridas.
De las víctimas de homicidio durante el periodo electoral, 57 tenían un vínculo claro con algún partido; 50 % de los incidentes de violencia política fueron en contra de funcionarios en activo; 16 % hacia militantes y aspirantes a un cargo de elección popular; 14 % a exfuncionarios y 20 % contra activistas y periodistas.
Por su parte, en su séptimo informe de violencia política en México, la Consultoría Etellekt registró que entre el 7 de septiembre de 2020 hasta el 6 de junio de 2021 (en que se llevaron a cabo las elecciones), hubo un total de 1.066 agresiones en contra de personas políticas, de las cuales 102 fueron homicidios. La violencia se extendió a 32 estados y 570 municipios.
Desde el jueves 7 de septiembre de 2023, en que inició el actual proceso electoral rumbo a las elecciones del 2 de junio de 2024, hasta el cierre de esta colaboración, se han registrado 10 asesinatos de políticos.
La última víctima fue Jaime Vera Alanís, precandidato del PVEM a la alcaldía de Mascota, Jalisco; asesinado a plena luz del día en un sitio concurrido de Zapopan.
Le precedieron los homicidios de Ricardo Taja Ramírez y Samantha Gómez Fonseca, de Morena; Alfredo Giovanni Lezama Barrera, del PAN; David Rey González Moreno, del entonces “Frente Amplio por México”, ahora “Fuerza y Corazón por México”; Sergio Hueso y Miriam Ríos Ríos, de Movimiento Ciudadano; además de Marcelino Ruiz Esteban, José Alejandro Naredo García y Guadalupe Guzmán Cano, del Partido de la Revolución Democrática.
En este escenario, es sumamente importante que las autoridades federales y el Instituto Nacional Electoral (INE) hayan acordado establecer un protocolo específico para atender las solicitudes de candidatas, candidatos y partidos políticos, relacionadas con la seguridad en las entidades, en el marco del proceso electoral 2023-2024.
Este esfuerzo debe complementarse con un trabajo eficaz de las instituciones encargadas de preservar la seguridad y combatir al crimen organizado, y sobre todo con una actitud responsable de todos los actores políticos para defender las instituciones electorales y la gobernabilidad.
La polarización en que se ha empeñado el presidente de la República —desde que inició su gestión— ha debilitado a las instituciones democráticas y favorecido a quienes se empeñan en ejercer la violencia para imponer en cargos públicos a personajes afines en beneficio de sus intereses políticos y económicos.