La decisión de limitar la práctica de la subcontratación laboral en México a servicios especializados genera un impacto negativo en la economía nacional, advirtió Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF).
“Como ha sucedido con otras reformas, entre estas la fiscal, se prevé que tenga una implementación desordenada, ya que las empresas no cuentan ni con el conocimiento ni con los recursos o el capital humano preparado para hacer una transición sencilla”, agregó el especialista.
El directivo comentó que aunque el gobierno refiere periodos de transición, “el plazo de tres meses está fuera de la realidad que viven las empresas, esto sin pensar en el impacto financiero que recibirá la empresa con los ajustes que demanda la ley”.
Actualmente hay 36 millones de personas con un empleo formal remunerado independiente, de los cuales 23 están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS) a través de estas empresas de subcontratación.
El directivo puntualizó que “esta reforma tenía que focalizar la atención en trasladar a estos 13 millones restantes a la formalidad laboral”.
De acuerdo con información difundida de manera reciente, sólo 34 % del mercado integrará a su personal outsourcing, lo que implica que poco más de 60 % de los tercerizados se integrarán bajo nuevos costos y condiciones.
Impacto internacional
La práctica de la subcontratación, reconocida como sólida y útil por el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), es una herramienta utilizada por todas las empresas cuando ingresan a otros mercados y operan tanto en Estados Unidos como en otros países.
La señal que México enviará al mundo con esta reforma “será contraria al espíritu de utilizar los esquemas de trabajo flexible para generar empleos formales, y podría situar en su peor momento al comercio entre Estados Unidos y México, que representa un ingreso del orden de 628 mil millones de dólares”, reconoció el presidente del CEEF.
